Este martes se conoció que la alcaldesa de Guayaquil, Cinthya Viteri, remitió a la Presidencia el Proyecto de Ley Orgánica por la Vida y la Protección Ciudadana, tal como lo anunció en la sesión solemne del pasado 9 de octubre.
Una de las cosas que contempla la normativa, según el departamento de prensa del Municipio, es que se permita divulgar la identificación física de las personas aprehendidas por cometer delitos. Además, sugiere que la detención con fines investigativos dure un máximo de 72 horas.
Se conoce por el momento que la propuesta contiene seis artículos, dos disposiciones reformatorias, cuatro derogatorias, una transitorias y una final, según recoge diario El Comercio.
En una carta dirigida al presidente Guillermo Lasso, Viteri menciona que el objetivo de la Ley es “coadyuvar en el esfuerzo nacional por restablecer la seguridad pública en el Ecuador y en Guayaquil, particularmente”.
Uno de los temas que aborda es el libre porte de armas. Para ello se contempla cambios en la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas, la Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización y la Ley Orgánica de Movilidad Humana, según el documento divulgado por la Alcaldía.
En relación al consumo ilícito de sustancias sujetas a fiscalización se plantea derogar todos los artículos que hacen mención a la tabla de consumo de drogas.
Viteri presentó la idea en días pasados y señaló que es necesario que “los inocentes puedan portar armas” para defenderse de los constantes ataques delincuenciales de los que son víctimas.
En la sesión solemne por la Independencia de Guayaquil, reafirmó la idea y mencionó que la inseguridad que vive el Puerto Principal y el país es preocupante.
Eliminación de la Tabla de Consumo de Drogas
En el Proyecto de Ley se reforma el artículo 220 del COIP y se establece que la tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso o consumo personal no será punible.
“En cada caso, la condición de consumidor se establecerá de acuerdo a su nivel de tolerancia mediante peritajes especializados ordenados por el juez”, explica el proyecto.
Reducción de la prisión preventiva
En cuanto a los presos sin sentencia en los centros de privación de libertad se busca que la detención con fines investigativos dure un máximo de 72 horas y que se derogue el artículo 534 del COIP que establece los requisitos para que el fiscal solicite la prisión preventiva.
En su carta, Viteri señala que la celeridad de la administración de justicia se ha visto afectada “por una innecesaria y excesiva práctica de audiencias orales dentro del proceso penal”.
Eso, continúa la carta “ha provocado que la prisión preventiva sea objeto de caducidad permitiendo que los infractores de la Ley recuperen su libertad para, en la gran mayoría de casos, seguir amenazando la seguridad pública al reincidir en comportamientos ilícitos”.
