Cada 10 de diciembre se conmemora el Día de los Derechos Humanos, una fecha que recuerda que la dignidad y la igualdad no son negociables. Sin embargo, en Ecuador, la violencia de género sigue demostrando que estos principios están lejos de ser una realidad para todas. Durante el programa En Voz Alta, la directora del Centro de Justicia y Género, Annabell Guerrero Pita, y el profesor universitario y experto internacional en derechos humanos, Juan Pablo Albán Alencastro, analizaron cómo este problema —normalizado durante generaciones— constituye una grave violación a los derechos humanos.
Guerrero explica que reconocer la violencia contra las mujeres como un atentado a los derechos humanos no fue sencillo ni inmediato. “Es fruto de la lucha histórica de las mujeres a nivel mundial”, subrayó. Detrás de este reconocimiento existen décadas de organización, denuncias, resistencia y evidencia acumulada que demuestran que la violencia no es un hecho aislado ni privado, sino una expresión profunda de desigualdad estructural.
Instrumentos internacionales como la CEDAW o la Convención de Belém do Pará obligan hoy a los Estados —incluido Ecuador— a prevenir, sancionar y erradicar esta violencia. Pero incluso con este respaldo, Guerrero advierte que cualquier crisis puede poner en riesgo los avances logrados. Y ya lo estamos viendo.
Retrocesos institucionales: una alarma encendida
Uno de los puntos más críticos señalados es la reciente fusión del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos con el Ministerio de Gobierno. Para Guerrero, esto representa un retroceso preocupante: se debilitó la institucionalidad encargada de velar por las políticas de prevención y erradicación de la violencia.
Esta fusión no solo contradice obligaciones internacionales, sino que impacta directamente en la vida de las mujeres. “Hemos retrocedido”, dijo con claridad, al recordar que este ministerio especializado surgió como respuesta histórica a décadas de lucha feminista. Su eliminación deja un vacío en la capacidad del Estado de actuar de forma coherente y especializada.
Cifras que estremecen: ¿cómo ve el mundo a Ecuador?
Juan Pablo Albán fue contundente: desde fuera, Ecuador no se ve bien en materia de violencia contra las mujeres. Los organismos internacionales han expresado una preocupación creciente frente a cifras que superan incluso los promedios mundiales.
Según datos del INEC citados por Albán:
- 65% de las mujeres ecuatorianas ha vivido algún tipo de violencia.
- 36% ha sufrido violencia física.
- Más del 30%, violencia sexual.
- Cerca del 20%, violencia económica o patrimonial.
Pero hay más. Las mujeres afroecuatorianas, indígenas y extranjeras presentan tasas todavía más altas. Es decir, la desigualdad se multiplica cuando se cruzan factores de origen étnico, social o migratorio.
“La violencia se ha vuelto sistemática y persistente”, explicó Albán, insistiendo en que no basta con tener leyes: “Las medidas suelen ser cosméticas. Se dictan leyes que luego no se aplican bien o no tienen recursos suficientes”.
La consecuencia es clara: los femicidios y las agresiones continúan, revelando que el problema no disminuye. Sin una transformación cultural y una política pública integral, el panorama difícilmente cambiará.
Obstáculos para acceder a la justicia
A pesar de los avances normativos, los obstáculos persisten. Guerrero coincide con Albán: la falta de voluntad política es uno de los problemas centrales. Aunque existe una Ley de Prevención y Erradicación de Violencia contra la Mujer, su implementación es débil.
Entre los principales obstáculos destacan:
- Normalización social de la violencia, que hace que muchas mujeres ni siquiera denuncien.
- Patrones culturales arraigados que siguen ubicando a las mujeres como ciudadanas de “segundo orden”.
- Estigmatización de los movimientos feministas, que son atacados cuando levantan la voz.
- Falta de recursos y de capacitación institucional.
- Desconfianza en el sistema de justicia por su lentitud e indiferencia.
Este escenario crea un círculo vicioso: las mujeres denuncian menos y el Estado responde menos, perpetuando así una violencia que se hereda de generación en generación.
Un llamado urgente
La conversación deja un mensaje claro: la violencia de género no es un asunto privado, es una violación a los derechos humanos. Y mientras Ecuador no asuma esta realidad con políticas firmes, presupuesto y cambios culturales profundos, seguirá cargando con cifras que duelen y con una deuda histórica que crece.
El 10 de diciembre es un recordatorio. Pero la defensa de los derechos humanos debe vivirse todos los días. Porque ninguna sociedad puede llamarse libre si la mitad de su población vive con miedo.
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