El presidente Daniel Noboa firmó este miércoles el Decreto Ejecutivo 359 mediante el cual ratificó el Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica (SECA) entre Ecuador y Corea del Sur, luego de cumplir con los procesos constitucionales y la aprobación de la Asamblea Nacional.
El decreto recoge que el acuerdo fue suscrito el 2 de septiembre de 2025 y posteriormente remitido a la Corte Constitucional para el control previo. En enero de 2026, el organismo determinó que el tratado requería aprobación legislativa, mientras que en marzo emitió un dictamen favorable sobre su constitucionalidad.
Con base en ese pronunciamiento, el Ejecutivo envió el acuerdo al Parlamento, que lo aprobó este martes, 14 de abril, con 83 votos a favor, principalmente de las bancadas de Acción Democrática Nacional (ADN) y el Partido Social Cristiano (PSC), mientras que la Revolución Ciudadana votó en contra.
Apertura comercial y beneficios
El SECA representa uno de los acuerdos comerciales más relevantes para Ecuador en los últimos años, al permitir el acceso a un mercado de más de 51 millones de consumidores.
Según el Ministerio de Producción, el 98,8 % de la oferta exportable ecuatoriana ingresará con beneficios arancelarios, y cerca del 24 % de las exportaciones no petroleras entrará de forma inmediata sin pagar impuestos.
Entre los productos beneficiados constan el camarón —con un cupo preferencial de 10.000 toneladas—, café, lácteos, snacks, textiles, chocolate, aceite de palma y manufacturas de cuero.
Protección y cooperación
El acuerdo incluye 23 capítulos que abarcan comercio de bienes y servicios, comercio electrónico, propiedad intelectual y cooperación económica.
También contempla medidas de protección para sectores sensibles como lácteos, arroz, maíz, textiles y calzado, con plazos de desgravación de hasta 15 años.
Además, incorpora componentes de cooperación y transferencia tecnológica en áreas como agroindustria, energía, salud y tecnologías de la información.
Mientras el oficialismo defendió el acuerdo como una herramienta para dinamizar la economía y diversificar mercados, sectores de oposición cuestionaron sus posibles efectos sobre la producción nacional.
El tratado se enmarca en la estrategia del Gobierno de ampliar la inserción de Ecuador en el comercio internacional, en un contexto global de reconfiguración de cadenas de valor.
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