La Alcaldía de Guayaquil aseguró este miércoles que la administración municipal continuará operando con normalidad luego de que la justicia dictara prisión preventiva contra el alcalde Aquiles Alvarez en el marco del denominado caso Goleada. Autoridades municipales afirmaron que los servicios públicos, las obras en ejecución y los programas sociales se mantendrán sin interrupciones.
El pronunciamiento fue realizado en el Salón de la Ciudad José Joaquín de Olmedo, donde la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, reiteró que la estructura institucional del Municipio garantiza la continuidad de la gestión. “Quiero que quede algo absolutamente claro: el Municipio de Guayaquil no se detiene, el Municipio de Guayaquil no va a parar”, manifestó.
Coronel asumió este miércoles como alcaldesa subrogante, luego de que se ratificara la solicitud de licencia presentada por Alvarez, un día antes de su aprehensión. La decisión se tomó durante la sesión extraordinaria 166 del Concejo Municipal.
Planificación municipal y continuidad de proyectos
Coronel explicó que la administración municipal cuenta con una planificación estructurada hasta el año 2031, lo que permite mantener en marcha las obras y proyectos estratégicos independientemente de la coyuntura judicial. “Cada obra, cada proyecto estratégico está calendarizado y técnicamente estructurado”, indicó.
La alcaldesa subrogante añadió que los procesos administrativos siguen su curso y que los programas sociales continúan ejecutándose. “Las obras continúan, los procesos administrativos siguen su curso (…) los programas sociales se mantienen y se fortalecen, los servicios no se interrumpen”, afirmó.
Operatividad institucional garantizada
En la misma línea, el director municipal Fernando Cornejo aseguró que las distintas áreas del cabildo mantienen su funcionamiento regular y que la atención a la ciudadanía continúa con normalidad. “La ciudad sigue y seguirá funcionando. Los servicios están operativos. Las áreas municipales están trabajando”, señaló.
Las autoridades municipales recordaron además la convocatoria a una marcha cívica aprobada por el Concejo Cantonal, prevista para el jueves 12 de febrero, como parte de las actividades de respaldo institucional tras la situación judicial del alcalde.
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