La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional inició este martes, 25 de febrero, un proceso de fiscalización en torno a presuntas irregularidades en la empresa Petronoboa, propiedad de Santiago Noboa, hermano del presidente Daniel Noboa, luego de una denuncia presentada por el excandidato presidencial, Pedro Granja, del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE).
La mesa de trabajo recibió a Granja, quien ratificó que presentó la denuncia ante la Fiscalía para que se inicie la indagación pertinente, con 128 documentos de respaldo.
Granja alega un presunto delito de “almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles”.
Según el excandidato presidencial, la empresa Petronoboa S.A.S adquirió 97 mil galones de diésel del segmento industrial y, sin embargo, declara que vendió más de tres millones de galones, lo cual demostraría que posiblemente se utilizó el diésel del segmento automotor, cuyo precio es subsidiado, para entregarlo como combustible industrial, con un grave perjuicio a los intereses del país.
Añadió que seguirá investigando este tema y estará pendiente de las acciones que realice la Fiscalía.
Granja advirtió que teme por su vida porque se trata de un tema que habría causado un perjuicio que supera los cuatro millones de dólares.
En tanto, el asambleísta de la bancada del movimiento Revolución Ciudadana (RC), Leonardo Berrezueta, presentó una línea de tiempo desde la creación de la empresa de propiedad de Santiago Noboa, pocos días después de que su hermano, Daniel Noboa, asumiera la Presidencia de la República.
Berrezueta alertó que se habrían cometido varios delitos, entre ellos, tráfico de influencias; tráfico de combustibles; y, evasión tributaria, esto último porque la empresa Petronoboa pidió al Servicio de Rentas Internas (SRI) se anulen más de seis mil facturas, un hecho que llama la atención cuando esa entidad a cualquier ciudadano le dan largas para atender cualquier requerimiento, más si se trata de anular una factura ya emitida.
Al respecto, la legisladora Lucía Jaramillo, de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), consideró que la RC “utiliza el caso Petronoboa como elemento distractor para tapar el caso triple A, que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez”.
Los integrantes de la Comisión de Justicia lamentaron la inasistencia de las autoridades del sector hidrocarburífero y del SRI, “quienes tienen que responder al país muchas preguntas en torno a las presuntas irregularidades, que se habrían presentado en la comercialización de combustibles, a través del Centro de Distribución Río Verde”.
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