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Héctor Muñoz: “No confío que la Asamblea se autodepure”

El asambleísta independiente Héctor Muñoz, se declaró escandalizado por las recientes revelaciones del exlegislador Daniel Mendoza, y varios de los vinculados a la trama de corrupción asociada a la fallida construcción del Hospital Básico de Pedernales, quienes mencionaron una estructura de corrupción en la que estarían involucradas altas autoridades del gobierno y asambleístas.

En diálogo exclusivo con el noticiero A PRIMERA HORA, de Majestad Radio, Muñoz calificó este hecho como lamentable, repugnante y frustrante, y se convierte en una nuevo elemento para empañar la labor e imagen de la Asamblea Nacional. Criticó, particularmente, el hecho que uno de los legisladores mencionados en los testimonios anticipados que recogió la Corte Nacional de Justicia, Franco Romero, sea miembro de la Comisión de Fiscalización y presidente encargado de la Comisión de Régimen Económico.

Muñoz admitió que no tiene expectativas en que la Asamblea tome en serio su rol de fiscalización. Por eso mismo, dijo que lo mejor que puede pasar es que la justicia ordinaria haga su trabajo y saque todo a la luz. Recordó, por ejemplo, que la investigación interna sobre la conducta de los exasambleístas Daniel Mendoza y Eliseo Azuero, llegó tarde. Ambos legisladores renunciaron antes que el pleno del Parlamento analice su destitución. Por tanto, añadió que no confía en que haya un verdadero proceso de autodepuración.

Los juicios políticos en suspenso

Al mismo tiempo, el asambleísta independiente se mostró extrañado porque hasta este momento, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) no ha remitido a la Comisión de Fiscalización los pedidos de juicio político contra dos ministros de Estado. Se trata de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Eso, pese a que el CAL ya los calificó. Muñoz cree que la Asamblea debe analizar la posibilidad de presentar un alcance a la intención de interpelar a la ministra Romo. Así, debe incluir la causal sobre el supuesto “reparto de hospitales y cargos públicos”.