El presidente Guillermo Lasso anunció que el próximo martes presentará ante la Asamblea Nacional del Ecuador para regular el uso de la fuerza y reforme varios cuerpos legales para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen transnacional.
Según dijo en una alocución desde Guayaquil, dentro de los principales objetivos de este proyecto de ley está autorizar el uso progresivo de la fuerza, respaldando a los Policías y los militares.
«Siempre dije que estaremos del lado de la fuerza pública y con este proyecto de ley queremos reforzar ese espíritu para respaldar el trabajo de nuestros militares y de nuestros policías», afirmó.
Señaló que esta iniciativa reformará la Ley de Seguridad Pública y del Estado para mejorar la cooperación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, «sin esperar estados de excepción», sino en tiempo regular.
«Además el proyecto de ley busca asegurar que los servidores policiales y también militares tengan el patrocinio legal cuando son sujetos a investigaciones o juicios por el cumplimiento de sus funciones», dijo , y ejemplificó que esto es para que no pase como al policía Santiago Olmedo, quien debe asumir el costo de su defensa, en un proceso en el cual fue sentenciado a 3 años de cárcel por la muerte de dos personas tras un hecho violento registrado en 2021 en Riobamba.
«A partir de ahora será el Estado el que asuma el costo de la defensa de los policías y de los elementos de las Fuerzas Armadas que resulten enjuiciados por el cumplimiento de su deber», aseveró el mandatario.
Señaló que también se prevén «ciertas reformas» al Código Orgánico Integral Penal, que ordena que existan investigaciones más diligentes en casos donde el sospechoso es un policía o un militar en cumplimiento de sus funciones.
«Se crea el delito de terrorismo en centros de privación de libertad; se especifica que no es necesario que el juez notifique al sospechoso cuando el Fiscal pide su detención con fines de investigación, disminuyendo así el peligro de fuga», indicó.
Además se contemplan disposiciones legales para combatir el hacinamiento en las cárceles y para fortalecer la gestión en los centros de privación de libertad.