Por: Héctor Calderón
Las consultas populares y referendos son mecanismos de democracia directa que han permitido a los distintos gobiernos de turno instrumentar cambios en la estructura del Estado, sus leyes e instituciones. Si lo leemos de manera simple, diríamos que está bien, pues la voz del mandante es la que debe prevalecer.
Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Pues, que, desde el gobierno de Rafael Correa, pasando por los de Lenin Moreno y Guillermo Lasso, y terminando en el de Daniel Noboa; las consultas populares han sido utilizadas para medir fuerzas, para demostrar el capital político de los presidentes, para acaparar el control de las instituciones del Estado, para perseguir a sus rivales políticos y para consolidar la hegemonía (temporal) de los grupos de poder afines al gobierno de turno.
La débil institucionalidad del país, la polarización política y los objetivos particulares también abonan a que los presidentes escojan el camino de la consulta popular para poder implementar los cambios que, en ese momento, les conviene. Temas como el del Yasuní, las corridas de toros, casinos, extradición, reducción de asambleístas, reelección han sido utilizadas como anzuelo para conseguir el “Sí” en el resto de las preguntas, cuya información importante se exponía en los anexos, insumo que el común de la población no suele revisar.
El resultado de las consultas populares también ha estado, proporcionalmente, relacionado a la popularidad y aceptación del Gobierno de turno. En los casos de Correa y Moreno, sus plebiscitos fueron mayoritariamente aceptados, pues, en el momento que se realizaron, sus gobiernos gozaban del favor popular. Todo lo contrario sucedió con la propuesta de Lasso, quien en su corto mandato fracasó con una consulta popular que terminó de enterrar su capital político.
Hoy, Daniel Noboa tiene un desafío electoral. Su consulta tiene preguntas similares a las presentadas por Lasso y otras que podrían subsanarse a través de la Asamblea, pero, otra vez, volvemos a las razones iniciales; más allá de los cambios que se impulsan, Noboa utilizará este proceso para medir su capital político y aceptación, de cara a las elecciones presidenciales de febrero de 2025. La pregunta aquí es ¿necesitamos gastar en una consulta popular en momentos en los que el país vive una severa crisis económica?
De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, esta consulta popular costará 60 millones de dólares y ante esto también debemos preguntarnos, ¿es una prioridad cuando todavía faltan medicamentos en los hospitales, cuando todavía no les pagan la devolución del IVA a los adultos mayores, cuando los GAD más pequeños no tienen ni para el pago de servicios básicos, cuando el mismo Gobierno dice que recibió un Estado quebrado?
¿Cuánto mejoró el país después de las 7 consultas populares? La realidad hoy nos dice que nada. Una más ¿hará la diferencia?
La opinión de Héctor Calderón
