Por: Nahuel Mendoza Kleener, analista político
Ecuador vive momentos de tensión. Dentro del ámbito político se encuentra en ciernes un juicio en contra del presidente Guillermo Lasso que, de llegar a concretarse, significaría la censura y destitución del Primer Mandatario.
Más allá de las tan discutidas causales jurídicas que podrían motivar la precipitada salida del Jefe de Estado, están algunas razones que no exigen fuerza: la mala gestión pública, expresada en la deficiencia de los servicios de salud, Registro Civil, educación, etc.; el aumento exponencial de la inseguridad, hoy, por ejemplo, nos aterramos frente a la noticia de que un hombre fue secuestrado y devuelto a su lugar de trabajo con explosivos atados a su cuerpo, en señal de advertencia, por si se negaban a pagar las vacunas extorsivas, modalidad con la que grupos delincuenciales amedrentan a los negocios de diferentes urbes del país; la falta de empleo; el incremento en los niveles de migración, por los factores antes descritos; problemas de gobernabilidad, dados por la incapacidad de establecer acuerdos y tender puentes con los diferentes partidos y movimientos, entre otros.
El país está convulsionado y exige respuestas. El proceso que se requiere para emprender un juicio político es largo, ha ido superando escollos y se presenta como el mecanismo constitucional idóneo para solventar la crisis social y política que Ecuador experimenta.
Hitos importantes:
- El 4 de marzo, con 104 votos a favor, 18 negativos y 3 abstenciones, de 125 asambleístas presentes, la Asamblea Nacional aprobó una resolución que plantea iniciar el trámite a juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, avalando así el informe de la Comisión del caso “Gran Padrino”. Si bien dicho informe no es vinculante, trazó un camino.
- El pasado jueves 16 de marzo de 2023, se presentó la solicitud para iniciar un juicio político en contra del presidente. Esta solicitud fue remitida con 59 firmas de respaldo. Según la ley, la misma debe contener la formulación por escrito de los cargos atribuidos al presidente y el anuncio de las pruebas que se adjuntarán.
- El 20 de marzo, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió que admite a trámite el pedido de juicio político.
- El viernes 24 de marzo el CAL envió a la Corte Constitucional la solicitud de juicio político, la misma que recayó en la jueza Teresa Nuques, para que elabore el proyecto de sentencia que será conocido por el pleno de la Corte.
- La jueza Nuques, el 27 de marzo, remitió el proyecto de dictamen con la inadmisibilidad al pedido de juicio político al presidente Guillermo Lasso, el mismo que, en sesión extraordinaria del mismo día, no contó con los votos suficientes, es decir 6 de los 9 votos de los jueces para aprobarlo. En vista de no contar con los votos, se realizó un re-sorteo entre los que votaron en contra de este proyecto de dictamen y recayó ante el juez Richad Ortiz.
- La Corte Constitucional, mediante dictamen aprobado en sesión extraordinaria de 29 de marzo, con mayoría calificada de 6 votos a favor y 3 votos salvados, resolvió admitir la acusación de juicio político al presidente Guillermo Lasso, relacionado con el presunto delito de peculado.
- Ahora, está en manos de la Asamblea Nacional seguir con el proceso de juicio político al primer mandatario, el mismo que durará mínimo 45 días.
Juicio político
En la Asamblea Nacional, será el Consejo de Administración Legislativa (CAL), el ente que, tras el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, deberá remitir el expediente a la Comisión de Fiscalización, la misma que está presidida por Fernando Villavicencio (aliado del Gobierno).
En esta comisión, se elabora el informe después de 30 días aproximadamente, en el cual intervendrán tanto el presidente de la República como los interpelantes.
Una vez elaborado el informe, este pasará al pleno de la Asamblea Nacional para que sea en esta instancia, donde se tome la resolución del caso. Cabe mencionar que, en este proceso, al pleno también acudirá para ejercer la defensa el presidente Lasso o quien lo represente. Así como también los interpelantes podrán presentar sus pruebas.
Una vez que se termine este proceso, en una nueva sesión se tomará votación. Se necesitan 92 votos para censurar y destituir al presidente.
En caso de darse este escenario, quien asume la presidencia, es el vicepresidente Alfredo Borrero.
Es importante revisar cómo está conformada políticamente la Asamblea Nacional:
- UNES: 47
- PK: 24
- PSC: 15
- ID: 10
Independientes: 14
- BAN: 27
Cómo habíamos señalado antes, se necesitan 92 votos, por lo que, según declaraciones de los diferentes representantes de cada bancada, se tienen lo siguientes números para aprobar el juicio político:
- UNES: 47
- PSC: 15
ID: Si bien es cierto tienen 10 asambleístas, las pugnas al interno son evidentes, al punto que hemos visto como la asambleísta Johanna Moreira y Alejandro Jaramillo, se han pronunciado en contra del juicio político. Ellos son parte de un grupo de alrededor de 5 asambleístas que tendrían la misma postura, por lo que, dentro de un análisis político y de posturas, el restante número de asambleístas votaría a favor del juicio político; es decir 5 legisladores.
PK: Aquí debemos detenernos a analizar las diferentes posturas que existen al interior de esta bancada. Si bien es cierto, el asambleísta Mario Ruiz es el nuevo coordinador y se ha pronunciado a favor del juicio político, indicando así que esta será una postura por parte todos quienes integran esta bancada, debemos recordar las declaraciones por parte del asambleísta Ricardo Vanegas quien se ha mostrado en contra del juicio político por diferentes razones, así como un grupo de, más o menos, 6 asambleístas que ha tenido posturas a favor del gobierno. Por lo que se prevé que sean 18 quienes voten a favor del juicio político.
Independientes: Aquí también tenemos algunas consideraciones, como por ejemplo el silencio de algunos asambleístas que manejan mini bloques al interior.
Daniel Noboa lidera un mini bloque de alrededor de 4 legisladores independientes, si bien es cierto aún no se ha pronunciado de manera abierta al respecto de este proceso, se deberá esperar con el paso de los días si existe alguna postura.
El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, lidera un grupo 10 asambleístas los mismos que han votado a favor del proceso de juicio político, así como la firma en un documento entre las bancadas para pronunciarse a favor del mismo. Se puede colegir que la totalidad de estos votos lo haría a favor del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.
BAN: Se puede denominar con la Bancada Oficialista, la misma cuenta con 27 asambleístas, pero bien, debemos recordar que, dentro de la votación del 4 de marzo (104 votos a favor), algunos legisladores aprobaron una resolución que plantea iniciar el trámite a juicio político.
Aquí podrían estar esos pocos votos que harían falta para completar los 92, que se necesita para la censura y destitución del presidente Guillermo Lasso.
Muerte Cruzada
Con base en lo descrito anteriormente, suenan voces al interno de la presidencia que manifiestan que Lasso podría firmar el Decreto para la disolución de la Asamblea Nacional, lo que se conoce comúnmente como Muerte Cruzada, según el artículo 130 de la Constitución de la República, lo que generaría que se disuelva la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional Electoral llame a elecciones para presidente, vicepresidente y legisladores, en un máximo de 7 días.
Por parte de algunos asambleístas se ha escuchado decir que el presidente no tiene causales para invocar la muerte cruzada por lo que se podría interponer una acción de protección y así desconocer lo actuado por el mandatario.
Si bien es cierto esta figura es Constitucional, también es cierto que se deben justificar las causales para poder invocarla.
Calentamiento de calles
Algunos movimientos sociales, políticos y gremiales, han señalado que, en caso de decretar la muerte cruzada, saldrán a las calles para exigir la renuncia inmediata del presidente Lasso. Podemos prever, sobre la base de lo actuado en manifestaciones anteriores, que se dará una fuerte represión en las calles.
El escenario próximo sería de desabastecimiento de alimentos, combustibles y todo lo que conlleva a una paralización nacional.
La policía y los militares, jugaran un rol determinante en la permanencia y estabilidad de Lasso.
Los escenarios parecerían inciertos, más en un país como Ecuador donde todos los días nos levantamos con una nueva y cada vez más escandalosa noticia. Lo cierto es que los ecuatorianos merecemos mejores días y este gobierno nos ha quitado ese derecho.
La opinión de Nahuel Mendoza Kleener.
