La abogada penalista Marcela Estrella señaló que la corrupción es un flagelo que afecta a nivel global, instaurada en todo nivel, no obstante, expuso que en el país «tenemos administradores de justicia muy corruptibles»
En su opinión, la justicia es un foco de atención importante, «en cuanto y en la medida de los intereses personales de los políticos de turno», y en ese sentido dijo que no está de acuerdo con que «nos llenemos la boca» diciendo que en el país combatimos la corrupción, cuando ni siquiera a nivel de Fiscalía se ha implementado ningún tipo de proceso de depuración de la institución.
En entrevista para Zoom Al Día, con José Antonio Sánchez y Fabricio Vela, apuntó que, aún cuando existen profesionales probos, hay un grupo mayoritario «que sí están inmersos en una corrupción terrible, que trafican influencia, que ejercen algún tipo de extorsión que juega con la necesidad de las personas que buscan justicia».
«La justicia es una de las particularidades más fragmentadas en nuestro sistema», indicó. Expuso que no hay un proyecto en el Consejo de la Judicatura que permita la rotación de jueces para que no haya cabida a la corrupción, por lo cual estima que no hay un interés en combatir este flagelo en aquellos servidores que trafican con la justicia y son cosas que no deberían ocurrir en un sistema democrático.
«De cada 10 casos polémicos, mediatizados, politizados, por lo menos 8 van a tener algún tipo de crítica respecto de irregularidades, como tráfico de influencias. El tráfico de influencias se ha normalizado en el sistema de justicia».
Indicó que en el país muchas veces se investigan hechos «por conveniencia» y es algo que no se puede negar, por lo cual el objetivo debe ser cómo fortalecer el sistema.
Dijo que en el país es frustrante saber que hay secretarios, fiscales, asistentes y hasta conserjes que se prestan incluso para traficar influencias a todo nivel. Indicó que hay abogados desde libre ejercicios que también han configurado «verdaderas mafias» para sus intereses, y eso es algo que conocen las autoridades. ¿Por qué no hay una reacción?, se cuestionó.
Respecto al anuncio de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, de que retiró la visa a altas figuras del país, señaló que le preocupa que no se haya presentado una denuncia al respecto. «Yo estoy abierta a cualquier crítica que pueda hacerse, pero siempre que se respete la institucionalidad y la soberanía del Ecuador», aseveró, y añadió que «la vía no es agachar la cabeza a los del Norte», sino, a lo mejor hacer una reunión diplomática y si se denuncia un hecho delictivo, la única institución para pronunciarse es precisamente la Fiscalía.
Indicó que en el país existen instituciones legalmente facultadas para iniciar una investigación por delitos, el debido proceso, el respeto a la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, que son garantías constitucionales.
