Para la jurista Paulina Araujo, las normas para combatir la corrupción existen, pero desde el mismo poder no se cumplen. Así, criticó que hay procesos judiciales que concluyen en periodos cortos e incluso cuentan con seguimiento de los medios de comunicación, mientras que otros no tienen el mismo tratamiento y pasan años sin una conclusión.
Ello motiva a que la ciudadanía tenga desconfianza en la justicia pues la misma demuestra que va de la mano con el poder. Por eso el ciudadano se siente desprotegido “porque su causa no es prioridad”, agregó.
Tras el último informe de Human Rights Watch, el presidente Guillermo Lasso anunció un llamado a consulta popular que, para Araujo, solo tiene el mensaje político de la promesa de cambio que, históricamente, ha demostrado que es falsa. Así, dijo que “la consulta popular sigue postergando el problema. En Ecuador se piensa que cambiando las leyes o la consulta es la varita mágica para la solución de problemas. En una consulta no veo qué podamos decidir los ecuatorianos para que en la realidad la justicia funcione mejor”.
Por ello, la jurista recalcó que la solución consiste en prevenir. Por ejemplo, mencionó que el Estado debe vigilar el proceso para la selección de jueces y, así, escoger no solo a los mejores sino también a quienes tengan vocación de servicio.
El mensaje
De acuerdo con Araujo, la crisis y falta de confianza en la justicia es un tema de larga data. Sin embargo, las alertas no se producen en el país, sino que llegan desde instituciones externas que demuestran que los delitos cometidos tuvieron “un contubernio de ciertos operadores de justicia”.
“Los hechos demuestran que necesitamos que de afuera nos digan lo que ocurrió porque nuestra justicia o llega tarde o sus resoluciones no son ejecutadas y los responsables, aún con sentencia, se sienten amparados con un velo de impunidad”, criticó.
