En el Municipio de Quito existe una mesa técnica de quebradas para articular las intervenciones que se realicen en estos sitios. Así, Cecilia Pacheco, secretaria de Ambiente de Quito explicó que reciben denuncias de arrojo de escombros, basura y deforestación.
Frente a esta problemática, la secretaria mencionó que el financiamiento para el monitoreo de quebradas no está contemplado en el presupuesto. Por el contrario, explicó que depende de los proyectos que se asuma en este sentido. Así, asumió que sí deben reforzar el monitoreo de quebradas.
En ese sentido, resaltó que en los últimos años sí ha habido una sensibilización por parte de la ciudadanía sobre el mantenimiento correcto de ciertas quebradas y el Municipio dejó de monitorear. Sin embargo, los sitios más conflictivos se mantienen con vigilancia y comprenden a 150 quebradas prioritariamente.
Tras el aluvión ocurrido en el sector de La Gasca la secretaria destacó que iniciaron un proceso de evaluación a las condiciones de las quebradas que en su momento fueron monitoreadas, pero haciendo un énfasis mayor en sectores donde identificaron de riesgo. Por ejemplo, señaló al Atacazo que es uno de los sitios que más deben atender, alertó la secretaria.
Los riesgos en Quito
Pacheco explicó que en 2021, un estudio definió el borde urbano de la ciudad con el de Pichincha y Atacazo. Estas son las zonas sensibles de deslizamientos en masa. Por este motivo, remitieron una propuesta de ordenanza que plantea un proceso de recuperación de esos sectores. Sin embargo, alertó que existen áreas privadas y que dependen de un trabajo articulado con esos propietarios.
De acuerdo con la secretaria, el año pasado realizaron la valoración de servicios ambientales para saber el estado de conservación del Pichincha-Atacazo. Tras una evaluación rápida, que comprendió los años 2012 a 2020, de cómo avanzaban los procesos de deforestación sobre todo en zonas altas, constataron una disminución de cobertura vegetal de 250 hectáreas. El estudio también permitió identificar algunos elementos, como que el 40% del sector pertenece a propietarios privados que no constan en el catastro.