“La Asamblea Nacional está representada por la precariedad, el servilismo y la sinrazón. Hacer una evaluación de las vergüenzas del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y la Asamblea Nacional es democracia”, resaltó Fausto Jarrín, asambleísta por la bancada Unión por la Esperanza (UNES).
“Estoy de acuerdo con la evaluación en el marco de la ley”, concordó el asambleísta por la bancada oficialista de CREO, Jorge Pinto.
Para Jarrín, la propuesta consiste en evaluar a los siete miembros del CAL que, a su parecer, “no respetan la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL)». Abandonan la sesión, apagan las luces y audios con personas dentro de la Asamblea que ni son funcionarios, dijo.
Golpe Institucional
Así, reiteró que no se trata de un golpe institucional sino aplicar la ley y la Constitución para “ejercer en democracia mecanismos que nos permite la institucionalidad”. Así, destacó que se conocerá, después de la evaluación, si alguno o todos los miembros del CAL deben cesar en sus funciones como autoridades.
Para Pinto, existe un golpe institucional en contra de la presidenta Guadalupe Llori. Así, mencionó que el fin último es la designación del contralor general del Estado, concurso que se mantiene en el seno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con ello, resaltó que entre el asambleísta Jarrín, Salvador Quishpe (Pachakutik) y miembros del CPCCS mantuvieron reuniones para conocer el desenvolvimiento de los concursos.
Jarrín afirmó que sí mantuvo una reunión con Quishpe. Pero que, después que este último no pudo elegirse como presidente de la Asamblea Nacional, mintió sobre los temas de aquella reunión, dijo.
Pinto enfatizó que el orden del día propuesto por Jarrín impedía que el pleno Legislativo trate el proyecto de ley de Uso Progresivo de la Fuerza. Aquello también rechazó Jarrín, quien le recordó a Pinto que él mismo propuso el primer cambio de orden del día que también impediría el tratamiento del proyecto de ley.
