Este miércoles 9 de marzo, el pleno de la Asamblea Nacional deberá resolver sobre 269 casos que están pendientes para recibir amnistías. Entre ellos se incluyen a personas que ejercieron su derecho a la protesta en el contexto del levantamiento de octubre de 2019. Así, están inmersos en la solicitud Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), y Jaime Vargas, extitular de la organización indígena.
Para Vargas, es necesario que la Asamblea Nacional revise caso a caso y realice un análisis técnica y jurídicamente previo a conceder la amnistía.
En ello no coincidió el jurista Ismael Quintana quien recalcó que el proceso de amnistía significa el perdón y olvido de los hechos y se lo otorga generalizadamente a un grupo de personas involucradas en el mismo suceso. Así, citó como ejemplo al proceso de amnistía de 2009 en el que, entre el grupo de beneficiados, estuvo un ciudadano acusado de violación.
El proceso
Vargas enfatizó que las amnistías deben concederse a los defensores de la naturaleza, la vida y los derechos humanos. Así, su pedido giró en torno en que el Parlamento analice los casos uno a uno.
Quintana explicó que el proceso de revisión individual corresponde a la atribución que tiene el Legislativo para conceder indultos. Pero, este mismo proceso no incurre en las amnistías que analiza de manera general y solo lo puede aprobar el Parlamento.
“En el indulto se analizan casos concretos por situaciones humanitarias, la Asamblea puede conceder este beneficio para salvaguardar a la persona del cumplimiento de la pena; la amnistía significa el perdón y olvido de los hechos, se otorga de manera general. Si hay procesos penales, se suspenden, si de dictaron condenas, se le perdona del cumplimiento de la pena. Lo que va a resolver la AN no es un tema menor”, resaltó Quintana. Sin embargo, también indicó que no se pueden incluir los delitos como el secuestro, “como lo que ocurrió en la Casa de la Cultura”. Tampoco incluye la toma de edificios públicos, delitos contra la administración pública, crímenes de lesa humanidad, homicidio por razones políticas y de conciencia, entre otros.
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