Carlos Soria, abogado de la prefecta de Pichincha Paola Pabón, señaló que existía un llamamiento a juicio para Pabón, con fecha por definirse. “El proceso debía haber sido tramitado por la Corte Nacional pero luego se entregó la competencia a la Corte Provincial”, indicó.
Soria mencionó que la amnistía es un acto legislativo que proviene de una iniciativa ciudadana, pasa por revisión de una comisión y luego se debate en el seno de la Asamblea. “Al ser un acto legislativo y de forma concordante con la Corte Constitucional se podía tener a favor una resolución”, dijo. Así, enfatizó que las consecuencias son que al otorgarse amnistías se extinguen los ejercicios de acción penal.
“Al mismo día de obtenida la resolución de amnistías solicitamos como defensa de la prefecta Pabón una copia certificada de la resolución para poner a conocimiento al juez el hecho”, puntualizó. Así, indicó que correspondía a la Asamblea Nacional mandar al Registro Oficial la resolución para su publicación. “El efecto de la resolución es inmediato desde el momento que existieron los 99 votos sin perjuicio de la publicación oficial”, enfatizó. También, señaló que no hay otra opción más que el levantamiento de las medidas cautelares y no hay acción de protección posible al ser un acto legislativo.
Cargos a Pabón
Todas las personas que son beneficiadas de la amnistía tienen la posibilidad de hacer valer sus derechos en las instancias judiciales que correspondan, argumentó Soria. “A Paola Pabón le formularon cargos por haber organizado una rebelión armada, es decir la utilización de grupos paramilitares que persiguen objetivos políticos”. Así, comentó que se realizó una reformulación de cargos donde trataron de cambiar el rumbo de la investigación. Este tipo de reformulaciones dan cuenta que la Fiscalía General del Estado jamás tuvo ningún elemento de convicción suficiente para haber generado cargos, criticó Soria.
