Para la bancada de Unión por la Esperanza (UNES), el juicio político contra los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es prioritario frente al del procurador General del Estado, Íñigo Salvador. Así lo confirmó en A Primera Hora, de Sonorama, su legislador Ferdinand Álvarez.
“Para nosotros, como UNES, fue doloroso retirar la solicitud, pero un bien mayor provocó la decisión de priorizar lo más importante”, agregó el asambleísta. Así, informó que presentarán una nueva solicitud contra Salvador. “El procurador no está exculpado. Lo mantendremos (el pedido de juicio político) y mejoraremos con una nueva solicitud, una vez que se dé el proceso de juicio contra los consejeros del CPCCS”, reiteró Álvarez.
El proceso en la Comisión de Fiscalización
El pedido de juicio político contra Salvador no contó con los votos suficientes para que se avoque su conocimiento. De acuerdo con el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), si fenecía el tiempo reglamentario, el pleno debe resolver sobre el mismo. Sin embargo, para Álvarez, el proceso ni siquiera inició porque no hubo los votos para avocarlo. Por tanto, no puede proceder ni al pleno.
En ese mismo sentido, indicó que tras retirar su pedido, él ya no consta como interpelante. Por tanto, la Comisión de Fiscalización tampoco puede proceder con el juicio político debido a que no existe el interpelante. “Lo que ocurrió ayer debe morir dentro de la Comisión, porque los votos no alcanzaron”, enfatizó.
Con ese antecedente, indicó que existe un vacío en la LOFL y, por ese motivo, acudieron al Código Orgánico General de Procesos (COGEP) en el que existe “la figura de retiro de la demanda que se la da al funcionario que se le atribuye la calidad en este caso Álvarez, tengo la calidad de retirar la solicitud porque está en mis facultades intrínsecas como tal”, reiteró.
