Tras conocer la demanda que presentaron los hermanos Isaías al Estado ecuatoriano por $2.000 millones. Carlos Bravo, exgerente de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGC), señaló que en el artículo 29 de la Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas indica que, en caso de que los administradores hayan declarado patrimonios irreales, garantizarán con su patrimonio personal los depósitos de la institución financiera y se podrá incautar los bienes públicos para transferirlos a un fidecomiso.
“Los gerentes que me antecedieron no hicieron cumplir esta Ley. Tuvo que llegar el presidente Correa que se enfrentó al poder mafioso de esa banca”, dijo. Así, resaltó que fue una decisión política sumada a una jurídica que consta en la ley que llevó a realizar las incautaciones a los hermanos. Las incautaciones son absolutamente legítimas, pero se ha tergiversado por medio de los Isaías, indicó. “Creo que los asambleístas constituyentes dictaron el mandato 13 porque la acción de amparo estaba prostituida en el Ecuador”, comentó.
Incautación del 2008
Bravo señaló que el dictamen de las Naciones Unidas frente a la incautación de 2008 a los hermanos Isaías no es vinculante. Respecto al juicio penal por peculado resaltó que se señaló que estuvo bien llevado. También, indicó que respecto a las incautaciones fueron dejadas fuera del pedido de los Isaías.
“Me llama la atención que el abogado de los Isaías haya sido el autor de la compra del Ingenio Ecudos incautado a los Isaías”, enfatizó. “¿Cómo compró un activo que es ilegal y ahora está demandando al Estado ecuatoriano para que le devuelvan los activos?”, cuestionó. También, puntualizó que la relación entre Ricardo Noboa, abogado de la demanda, los Isaías y Guillermo Lasso no es nueva. “El perjuicio total de los Isaías al Estado sobrepasa los $5.000 millones”, alertó. Así, señaló que la demanda es una nueva aventura jurídica de los hermanos Isaías.
