Tras las declaraciones del presidente Guillermo Lasso contra los legisladores, la asambleísta por Pachakutik, Mireya Pazmiño, anunció que presentará, ante la Fiscalía, una denuncia por difamación y daño moral a los parlamentarios.
“Es preocupante, es delicada la denuncia que hace contra la Asamblea Nacional y debería ir encaminada con nombres y apellidos”, resaltó Pazmiño. Así, pidió que la presidenta Guadalupe Llori se pronuncie al respecto para defender la gestión del Legislativo.
En esa línea, argumentó que presentará un proyecto de resolución ante el pleno de la Asamblea Nacional. Para que el organismo se pronuncie sobre los hechos. Así, rememoró que, previo a las declaraciones del Presidente, la legisladora por CREO, Ana Belén Cordero, alertó que en los pasillos del Legislativo se negociaban cargos públicos a cambio de votos. “Esto preocupa, tenemos al representante del Ejecutivo amenazando y denunciando graves delitos contra la Asamblea Nacional”, mencionó Pazmiño.
“Nosotros lo haremos todos los asambleístas nos uniremos. La bancada de Izquierda Democrática tiene doble denuncia: ayer el presidente mencionaba a uno de sus líderes como evasor de impuestos, veamos si presentó pruebas. Pediremos, en la resolución que se trate en la Asamblea Nacional, que se presenten nombres y apellidos”, indicó la legisladora.
La Ley de Inversiones
87 votos apoyaron el pedido de negación y archivo del proyecto de Ley de Inversiones que presentó el Ejecutivo. Según Pazmiño, existieron pasajes de la norma en la que el bloque no estaba de acuerdo. Por ejemplo, resaltó que, tras revisar el proyecto, pidieron que la Comisión retire el libro uno que creaba “la Secretaría de la Delegación que iba a tener el poder total para delegar las funciones público privadas a los inversionistas que iban a venir al país. No solo se iba a llamar a un concurso público para construir una escuela, un hospital y delegar las políticas públicas, también tocaba el sistema financiero”, explicó Pazmiño.
En ese sentido, argumentó que el proyecto de ley era inconstitucional. Debido a que la Carta Magna impone que los proyectos de ley económicos urgentes traten una sola materia y este buscaba modificar alrededor de 18 cuerpos legales.
