Tribunal de Garantías Penales concedió este martes, 5 de abril de 2022, las medidas cautelares solicitadas por la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, para impedir la conformación de la Comisión pluripartidista ad-hoc que evalúe al Consejo de Administración Legislativa (CAL).
«En la sustanciación de esta Acción de Protección no se han omitido solemnidades sustanciales. Se han observado las normas del debido proceso, establecidas en la Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; motivo por el cual se declara su validez», consta en el documento.
El Tribunal, conformado por los jueces Mabel del Pilar Tapia, Olga Ruiz y Julio César Obando, dispuso como reparación Integral que el Pleno de la Asamblea «se abstenga de conocer, debatir y resolver el pedido del proyecto de resolución para la creación de la comisión ad hoc pluripartidista para investigar las actuaciones del CAL».
No exigen pruebas
Según se expone en el documento, «no se exigirán pruebas para ordenar estas medidas. Tampoco se requiere notificación formal a las personas o instituciones involucradas». Los magistrados dispusieron, además, que la Defensoría del Pueblo efectúe el seguimiento de la presente sentencia.
El artículo 33 de La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, determina que «… una vez que la jueza o juez conozca sobre la petición de medidas cautelares, si verifica por la sola descripción de los hechos que se reúnen los requisitos previstos en esta ley, otorgará inmediatamente las medidas cautelares correspondientes. No se exigirán pruebas para ordenar estas medidas…»
Según el texto, la concesión de las medidas cautelares se basa en «una presunción razonable de que los hechos denunciados como violatorios o de inminente violación de los derechos constitucionales, así como de los previstos en instrumentos internacionales sobre derechos humanos, son verdaderos».
El Tribunal consideró a las medidas cautelares como «medidas adecuadas para evitar los riesgos» a los que se ha referido la titular del Legislativo. «Puesto que a más de la violación de los derechos constitucionales analizados, se estarían incumpliendo las resoluciones adoptadas por el señor Procurador General del Estado».
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