“Vemos que esta medida cautelar violenta la independencia de la Asamblea Nacional”, alertó el legislador por Unión por la Esperanza (UNES), Ronny Aleaga, al referirse a los recursos que accedió la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, para evitar que se conforme una comisión pluripartidista que la evalúe a ella y a los otros seis miembros del Consejo de Administración Legislativa.
Medida Cautelar
“Lo más crítico es la injerencia de funciones en la Asamblea Nacional. No se puede permitir que de nuevo se judicialice la política”, mencionó Aleaga. Así, recordó que en el período 2017-2021, llegó una medida cautelar a favor del legislador Fabricio Villamar para evitar su destitución; sin embargo, el entonces coordinador jurídico, que ahora es procurador jurídico del Legislativo, Santiago Salazar, respondió que “la Asamblea no toleraba injerencia de funciones y que la notificación de la medida cautelar estaba a destiempo porque el pleno ya había sido convocado”. Entonces, ese mismo día se dio la destitución de Villamar.
“Ahora vemos que, en tiempo récord, emiten estas medidas; lo que evidencia que el gobierno está auspiciando y la sigue sosteniendo a Guadalupe Llori”, cuestionó Ronny Aleaga.
En ese mismo sentido, aclaró que las acciones en el campo judicial generan malestar y ahondan en la crisis institucional que hay en la Asamblea. Por ello, cuestionó que la Bancada oficialista de Acuerdo Nacional (BAN) exprese como irrespeto a la Constitución y la Ley, las acciones que han tomado en el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Con esa postura, explicó que el 6 de abril, cuando sesionó el CAL, el pedido de cambio solicitó que se incorpore como punto 1, 2 y 3 a las denuncias que presentaron los legisladores Esteban Torres, UNES y Gruber Zambrano para evaluar a la Presidenta y al CAL. Sin embargo, Llori decidió ponerlos como últimos en el orden del día. “Ella tiene la facultad de disponer el orden del día; pero no tiene la facultad de cambiar una moción. Ahí se violenta el proceso parlamentario”, señaló. Además, cuestionó que, tras 24 horas de presentadas las denuncias, conocieron que las mismas no llegaron a la mesa del CAL. Es decir, se encontraban aún en el despacho de la Presidencia sin su respectivo trámite.
