“En septiembre de 2021, la señora Ana Belén Cordero me acusó de atracador y de propiciar una contratación valorada en $120.000 por un vehículo Suzuki SZ en 2013. Está acusación es falsa”, criticó Héctor Rodríguez, exgerente de Yachay. Así, alertó que la asambleísta Cordero no leyó el contrato 94 de 2013 en el que señala que fueron seis vehículos comprados por $150.000 y que incluyeron el mantenimiento por cinco años. “Es decir, no solo cumple con un precio razonable a la fecha. Sino que a 2013 el servicio de contratación pública tenía los bienes normalizados totalmente parametrizados para su compra automática; es decir, en el mejor precio posible”, resaltó.
“¿Cómo es posible que una legisladora profiera difamaciones, calumnias reñidas no solo con la verdad sino también con la ley y maliciosamente trata de desprestigiar y aniquilar el trabajo de toda mi vida?”, cuestionó el exgerente.
Proyecto Yachay
Con ese antecedente, Rodríguez lamentó que el presidente Guillermo Lasso haya asegurado que el exgerente “vilipendió $1.200 millones en el proyecto Yachay”. Sin embargo, el Primer Mandatario no habría tomado en cuenta que el actual Ministerio de Finanzas informó que no se asignaron más de $320 millones entre 2013 y 2017.
“El borrador del informe (que presentó Cordero) tenía 60 faltas de ortografía y 128 mentiras”, alertó el exgerente de Yachay. Así, para señalarla a ella y su esposo como “dos personajes siniestros de la política”.
Dentro del mismo tema, Rodríguez se refirió al informe de la Contraloría General del Estado sobre la administración en Yachay. Sin embargo, el exfuncionario comentó que, para la fecha, la misión de Yachay consistió en expropiar terreno para la construcción de un parque tecnológico con estudios, construcción, urbanización, edificios, entre otros. Pero, los técnicos de CGE señalaron “que yo debí arrendar esos terrenos para sembrar caña de azúcar y maíz”.
Con ello, también se refirió a los edificios. Así, cuestionó que la CGE adujera que cinco de las estructuras tenían problemas. Tres peritos, expertos en ingeniería estructural, analizaron con pruebas de laboratorio y resolvieron que los edificios no tienen alarma estructural grave.