Por: Wilson Benavides Vásquez, politólogo y analista político
“Diálogo” y “consulta” son quizá -en el léxico político ecuatoriano- las dos palabras más utilizadas por el poder de turno para salir del atolladero institucional creado muchas veces por sus propias decisiones o para dar respuesta a desbordes sociales que -por lo general- debilitan gravemente los cimientos del sistema democrático.
Convocar directamente al pueblo a las urnas se ha vuelto una práctica recurrente de los gobiernos, independientemente de su línea ideológica o del proyecto gubernamental que aseguran representar, legitimando con ello una suerte de democracia plebiscitaria.
Pero el éxito o fracaso de impulsar tanto el diálogo como la consulta o el referendo constitucional dependen de una serie de factores relacionados especialmente con el estado de ánimo de la población. Una cosa es apoyar una propuesta en tiempos donde el anhelo de cambio está a flor de piel y otra -muy distinta- es hacerlo en momentos en los que la incertidumbre y el pesimismo por el futuro inmediato son el denominador común.
Al igual que una moda, en tiempos de auge, una mayoría no solo se suma a la propuesta sino que la embandera capitalizando el descontento popular con el statu quo como ocurrió en las elecciones de 2006, cuando se convocó a una consulta popular para instalar una constituyente que redactó una nueva constitución, cuyo contenido fue aprobado también en las urnas, y cuya génesis fue el derrocamiento de Lucio Gutiérrez (2005) con la consigna ciudadana: “que se vayan todos”.
Sin embargo, en tiempos de declive esta lógica -que conjuga descontento social, consulta popular, constituyente y nueva constitución- no logra replicarse como acaba de suceder en Chile, que aunque capitalizó las protestas estudiantiles de 2019 y logró instalar una constituyente, su proyecto de constitución fue rechazado en las urnas con más del 60% de los votos, colocando contra la pared al gobierno de Gabriel Boric.
El Ecuador contemporáneo está marcado por la continua realización de consultas populares y referendos. El propio retorno a la democracia de 1979 se concretó a través de esta figura realizada un año antes, en 1978; y posteriormente le siguieron varios procesos electorales de este tipo en 1986, 1994, 1995, 1997, 2006, 2007, 2008, 2011, 2017, 2018 generando un total de 11 consultas y referendos en 44 años de vida democrática.
De ese periodo es fundamental señalar que dos consultas populares fueron consecuencias directas de crisis políticas que tuvieron como antecedentes derrocamientos presidenciales y sirvieron para otorgar legitimidad a sus sucesores (Fabián Alarcón por Abdalá Bucaram en 1997 y Alfredo Palacio por Lucio Gutiérrez en 2006); igual número permitieron la instalación de dos constituyentes (1998 y 2007) que dieron origen a nuevas constituciones, de las cuales solo una fue sometida a referéndum popular (2008).
Los procesos de 1986, 1994 y 1995, que fueron promovidos por los gobiernos de León Febres Cordero (PSC) y Sixto Durán Ballén (PUR) enfatizaron en la participación electoral de los independientes, la relación Ejecutivo-Legislativo y la reelección indefinida de todas las autoridades de elección popular, incluyendo presidente de la República y diputados.
En la consulta de 1994 el pueblo aprobó con el 35,94% de los votos la reelección para todas las autoridades, pero curiosamente el Congreso de la época excluyó al Presidente de esa posibilidad. Fue con la enmienda constitucional de 2015 que se incluyó esa opción, que sin embargo, fue derogada nuevamente en el referendo de 2018.
Sumado a ello, desde la fundación de la República en 1830, nuestro país ha tenido 20 constituciones, lo que muestra una suerte de obsesión de la clase política por pensar que la realidad se cambia modificando la constitución, lo que se replica a nivel parlamentario con la creación de nuevas leyes para casi todo tipo de cosas, desde el cuidado de animales domésticos hasta la creación de universidades en diferentes regiones del país.
Más allá de si es o no una estrategia diseñada por las actuales esferas gubernamentales, ejecutar una consulta popular donde se aborde una gama de temas que van desde la seguridad ciudadana hasta la economía, es fundamental recordar que los diálogos, las consultas populares y los referendos se han usado generalmente para superar crisis políticas; otorgar legitimidad a las autoridades; desbloquear el conflicto Ejecutivo-Legislativo; o enmendar, reformar o cambiar la Constitución. Sin embargo, en sistemas presidencialistas como el ecuatoriano, el éxito o fracaso de estos mecanismos de democracia directa, dependen casi siempre de la popularidad del jefe de Estado. Como ustedes conocen, al menos hasta el momento las cifras no son alentadoras.
La opinión de Wilson Benavides.
