Por: Wilson Benavides Vásquez, analista político
Prácticamente a los 5 años del secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio cerca de Mataje (Esmeraldas) entre marzo y abril de 2018 y sobre el que sus familiares todavía esperan respuestas, los “pendrive-bomba” enviados el pasado lunes a 5 periodistas de Ecuavisa, Teleamazonas, TC Televisión, radio EXA-Democracia y al director del programa digital “Vera a su Manera”, marcan un nuevo punto de inflexión entre los medios, la delincuencia organizada y el poder político, que -otra vez- coloca en el debate público el ejercicio de la libertad de expresión en Ecuador.
Coincidencia o no, estos atentados, que se ejecutaron a través de colocación de explosivos al interior de pendrives dirigidos -vía encomienda- a los comunicadores, se produjeron el mismo día que el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea tenía previsto enviar el expediente del juicio político contra el presidente Lasso a la Corte Constitucional por el caso “Gran Padrino” y un día después del sismo de 6,5 grados en Balao, que dejó 13 fallecidos y un sinnúmero de daños materiales en Guayas, El Oro y Azuay, en un contexto donde, además, el invierno ha destruido buena parte de la red vial que conecta la costa con la sierra y viceversa, dejando varias poblaciones incomunicadas.
En la práctica, los canales donde laboran estos periodistas, Fundamedios, los colegios de profesionales y gremios vinculados a la comunicación expresaron su rechazo a los atentados, reiteraron su solidaridad con los comunicadores, al tiempo que enfatizaron su defensa de la libertad de expresión y del sistema democrático.
De acuerdo con el Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH de 2019, “los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación garantizan y protegen diversas formas -individuales y colectivas- de expresar públicamente opiniones, disenso, demandar el cumplimiento de derechos sociales, culturales y ambientales, y afirmar la identidad de grupos históricamente discriminados”.
Bajo este concepto, es evidente que la libertad de expresión no se reduce exclusivamente al ejercicio periodístico a través de los medios, ya que este derecho está interconectado a otros como el derecho de reunión, asociación pacífica e incluso el derecho a la protesta.
Desde esta mirada, la corporación Latinobarómetro, que mide el rendimiento de la democracia en 18 países de la región, en su informe de 2021, advierte que “existe mucha información y discusión sobre los medios de comunicación y el ejercicio de lalibertad de expresión a través de ellos; pero hay muy poca o ninguna, sobre la disposición de los ciudadanos a expresarse libremente sobre los asuntos del país y los temas públicos en su vida diaria”.
Libertad de expresión en la región
Según la tabla anterior, Ecuador es el segundo país de la región donde sus ciudadanos tienen mayor temor de expresar públicamente sus opiniones, alcanzando un 62% y ubicándose en segundo lugar, apenas detrás de la dictadura nicaragüense y muy por encima de otros países atravesados también por la crisis y la violencia como Venezuela (puesto 10) y México (puesto 15).
Este hecho debería encender las alarmas en Ecuador ya que adicionalmente nos ubica como el segundo país de la región (detrás de Bolivia), donde el 69% de sus ciudadanos, consideran que expresarse públicamente sobre los problemas nacionales, puede acarrear consecuencias negativas.
Las últimas publicaciones de La Posta sobre el caso Gran Padrino, donde se conocieron una serie de audios de la ex cúpula de la Policía, en los que supuestamente la comandante de la época y dos altos generales buscaron desviar esa investigación para “blindar” al presidente Lasso, no han tenido -hasta el momento- ninguna sanción legal ni moral contra los implicados, quienes además ya se retiraron del mando policial sin ser investigados.
Aunque este medio digital ni sus periodistas recibieron los pendrive con explosivos, es evidente que también han sufrido amenazas y retaliaciones por esta investigación que ha colocado al primer mandatario ante un escenario políticamente muy complejo. Pese a ello, La Posta no ha contado con el respaldo generalizado de la opinión pública tras sus publicaciones del mencionado caso.
Tampoco habido una reacción general respecto de la publicación en el Registro Oficial de la “Guía para la actuación fiscal en relación a presuntas vulneraciones al derecho a la libertad de expresión (…) en el contexto judicial” que claramente constituye un cortapisas al periodismo de investigación y contó con el aval del Consejo de Comunicación, o por la arbitraria decisión de una fundación privada de pretender validar la credibilidad de las plataformas digitales en el país.
Esta selectividad de la solidaridad solo con unos periodistas y no con otros, así como la prioridad en la agenda pública únicamente de unos temas por sobre otras agendas, promueve un clima de poca transparencia que irá legitimando una sociedad autocensurada, que socava el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de todos, más allá de si ejercemos o no, el siempre apasionante oficio del periodismo.
La opinión de Wilson Benavides.
