Por: Wilson Benavides Vásquez, analista político
Agustín Intriago (Manta), Rider Sánchez (Esmeraldas), Luis Chonillo (Durán), Omar Menéndez (Puerto López), Julio César Farachio (Salinas) y Javier Pincay (Portoviejo), son algunos de los políticos -candidatos o autoridades electas el pasado 5 de febrero- que han sufrido ataques armados contra su vida.
De ellos, solo los alcaldes Chonillo y Pincay, sobrevivieron. El primero, resultó ileso de un ataque a bala mientras acudía a la primera sesión del Concejo cantonal de Durán, mientras que el segundo, se recuperó milagrosamente luego de varias semanas en una casa de salud.
Sánchez, ex concejal de Quinindé y candidato a asambleísta de Esmeraldas por la alianza Actuemos (Avanza-SUMA) fue asesinado la semana pasada y -según la versión oficial- el móvil del crimen fue un asalto.
El crimen contra Intriago se cometió en el barrio “15 de septiembre” de la ciudad de Manta la tarde de este domingo 23 de julio, donde también falleció -como “víctima colateral”- la joven promesa del fútbol femenino, Ariana Chancay.
Con el asesinato del alcalde de la ciudad atunera, 10 de los 221 alcaldes de todo el país tienen perfil de riesgo, según lo informó -hace varias semanas- la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), que ha solicitado una reunión urgente con el Consejo de Seguridad Pública y del Estado.
Paralelamente, dos de los ocho aspirantes a la Presidencia de la República para las elecciones anticipadas del próximo 20 de agosto, renunciaron a recibir seguridad de la Policía Nacional para sus actividades proselitistas, que se gestiona a través de la Mesa de Seguridad Electoral, coordinada por el CNE.
De los aspirantes presidenciales solo uno ha planteado una agenda monotemática relacionada con la “mano dura” a la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico, mientras que los otros siete fomentan un combate más integral a este fenómeno que ha roto el tejido social, ha minado la confianza interpersonal y ha aumentado la falta de credibilidad de las instituciones públicas.
De acuerdo con el último reporte del Latinobarómetro 2023, de 18 países de la región, Ecuador está en el penúltimo lugar de satisfacción con la democracia con 12%, solo apenas antes de Perú que ocupa el último puesto con el 8%. En consonancia con estos datos, nuestro país es el segundo de la región donde sus ciudadanos están más insatisfechos con la democracia con 87%, superando solo a Perú que alcanza el 91%, como lo detalla la siguiente tabla:
Paradójicamente, El Salvador de Nayib Bukele, cuestionado por varios organismos de derechos humanos y que el propio Latinobarómetro lo tipifica como una “autocracia”, es el país latinoamericano que registra mayor satisfacción con la democracia alcanzando un 64%, seguido de Uruguay y Costa Rica, con 59% y 43%, respectivamente.
Sumado a ello, el 85% de ecuatorianos consideran que los partidos políticos no funcionan bien, solo superados por Perú y Panamá, donde esa idea bordea el 90% y 87%, en su orden. Adicionalmente, el 59% de ecuatorianos considera que la democracia puede existir sin partidos políticos.
Los datos de El Salvador y de Ecuador, revelan claramente una correlación entre la satisfacción con la democracia y la popularidad del presidente de turno. Mientras más popular es el mandatario, mayor satisfacción con el régimen político y viceversa.
De allí la connotación que el asesinato de Intriago tiene para el sistema en su conjunto, toda vez que -según Diario El Universo- fue el quinto alcalde más votado en los comicios del pasado 5 de febrero con el 61,25%, ubicándose detrás de los burgomaestres de Mocha (80,23%), Samborondón (64%), Pujilí (63,71%), y Tiwintza (61,53%).
En sistemas políticos profundamente personalistas como el ecuatoriano, asesinar a autoridades de elección popular que gozan de amplia aceptación y credibiidad, constituye un golpe letal a la confianza pública de una democracia bajo ataque. ¿Si eso les sucede a las autoridades, qué le puede pasar al ciudadano de a pie?.
La opinión de Wilson Benavides.
