Por: Arturo Ruiz G.
Vivimos un momento de polarización absoluta en la que los “ismos” nos categorizan a todos en buenos y malos, según el criterio de quien está al frente. Y no, las cosas no deben ser catalogadas por absolutos, no son o negras o blancas; en el medio hay matices, argumentos suficientes para poder salir de los extremismos.
Un claro ejemplo de esto es la minería. Nos han posicionado un frame en el que minería es sinónimo de contaminación: ambientalistas buenos, mineros malos. A la par, nos dicen, por ejemplo, que debemos reducir el consumo de combustibles fósiles y propiciar energías renovables, que debemos usar carros eléctricos o, en el peor de los casos, híbridos. Y sí, la transición energética, a través de la innovación es algo necesario y urgente, pero para que eso ocurra es indispensable el uso de los denominados minerales críticos, entre ellos, el cobre. Es decir, sin minerales no es posible innovar para consumir energías más limpias: no existirían las baterías de los carros híbridos, que cada cierto tiempo deben reemplazarse, así como tampoco sería posible tener paneles solares, por ejemplo.
Sumada a la necesidad de minerales para ser ambientalmente más responsables en el consumo de energía, el país requiere ingentes recursos económicos a corto, mediano y largo plazo para poder gestionar las distintas crisis que vive el Ecuador e implementar políticas públicas, que permitan el desarrollo humano, sin dejar a nadie atrás.
Este contexto coincide con la coyuntura planteada por la Corte Constitucional que, en su sentencia de inconstitucionalidad al Decreto 754, dispone principalmente, a la Asamblea Nacional que, en un año contado a partir de su posesión expida una Ley Orgánica de Consulta Ambiental.
Esta norma, en caso de que sea social, legal y científicamente elaborada, alejada de extremismos ambientales pero respetuosa de la naturaleza, fuentes de agua y comunidades, puede ser un puntal para el desarrollo de la minería, entendiendo que la industria de los recursos naturales no es el fin, sino el medio para el desarrollo humano del país y para una real transición energética con impacto mundial. Cabe señalar que esta industria está catalogada, constitucionalmente, como un sector estratégico del país, conforme al artículo 313 de la Carta Magna.
Para que esto sea efectivo, el presidente Daniel Noboa deberá definir una política pública. Es decir, tomar una posición frente a una cuestión social: permitir o no el desarrollo de la industria minera en el Ecuador, con sus consecuentes beneficios y desafíos a corto, mediano y largo plazo.
La opinión de Arturo Ruiz
