El Consejo de Administración Legislativa (CAL) no dio paso al pedido de la asambleísta Gissela Garzón (RC) para que se realice un seguimiento al trámite del juicio político contra la fiscal general, Diana Salazar, que está suspendido desde el 17 de mayo de 2024.

Así lo informó, este 12 de julio de 2024, el asambleísta oficialista Diego Matovelle, quien es segundo vocal del CAL.

“No estaba fundamentado (el pedido) y no podemos dar paso a que se pretenda certificar, a cada rato, el estado de gestación de la fiscal”, señaló el legislador Matovelle.

Además, precisó: “Realmente no es algo donde tengamos que apuntar. Sabemos cuál es su estado y existe ya una certificación médica. Seguir en algo que no es de interés de los legisladores no puede avanzar”.

La suspensión del enjuiciamiento se dio, luego que el CAL y la Comisión de Fiscalización se acogieran a un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado.

Días atrás, en atención a una consulta del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, la Procuraduría emitió un criterio para permitir que el CAL y Fiscalización suspendan temporalmente la sustanciación de un juicio, en caso de que las autoridades investigadas cursen un embarazo de riesgo o presenten enfermedades catastróficas.

La fiscal Salazar asegura que su embarazo es de alto riesgo, según certificados médicos que presentó en el Parlamento.