Por: Wilson Benavides, analista político
La compleja situación que vive hoy el Ecuador tiene un solo autor intelectual y material: el ex presidente Rafael Correa Delgado (2007-2017). Así al menos lo reflejan los datos de la una encuesta realizada -a mediados de marzo pasado con 1500 casos- por la firma IMASEN.
Ante la pregunta de ¿quién es el responsable de la crisis por la que atraviesa el país?, el 34,9% considera que Correa, el 32,2% Guillermo Lasso, el 19,9% Lenin Moreno y el 5,1%, “todos los gobiernos anteriores”.
Siguiendo estas cifras, parece evidente que la consigna, “culpa de Correa”, ha logrado tejerse y generar sentido en nuestras frágiles culturas políticas con una explicación simple pero contundente: todos los males de la nación tienen un solo apellido.
Pero esta operación política (si es que alcanza a tener tal categoría), no tendría mayor efecto si no estuviera apalancada en la realidad concreta, donde la condena en Estados Unidos al ex contralor Carlos Pólit, la situación del ex vicepresidente, Jorge Glas, detenido en la cárcel de La Roca, la presunta vinculación de uno de sus alfiles como el ex legislador, Ronny Aleaga en el caso Metástasis, y el respaldo -vía abstención en la Asamblea Nacional- al ex presidente del Consejo de la Judicatura, Willman Terán, también detenido, terminan convirtiéndose en un pesado lastre político para la Revolución Ciudadana, a siete meses de las elecciones generales de 2025.
Esto porque a la luz de la coyuntura actual, tomar partido a favor de cualquiera de los cuatro es simplemente indefendible. ¿Las razones? Bastante obvias.
En una crisis de violencia e inseguridad como la que atravesamos, cualquier intento de plegar a las tesis de Aleaga, ex asambleísta y ex líder de los Latin King es inverosímil. Su presunta relación “personal” con la fiscal Diana Salazar, quien investigó el caso Metástasis, no tuvo el resultado esperado, ya que los supuestos chats que difundió desde la clandestinidad, no solo que no tienen valor jurídico alguno, sino que carecen de legitimidad en la sociedad. De ahí que sus propios coidearios prefirieron mirar hacia otro lado. Lo grave de este caso es que los involucrados tendrían relación directa con una red de narcotráfico vinculada a las más altas esferas de la justicia y la política ecuatoriana.
Glas, en cambio, incumplió uno de los códigos básicos de un ex presidiario: mantener bajo perfil e incluso sumergirse en los aparentemente seguros senderos del anonimato. Por el contrario, ni bien salió en libertad gracias a una dudosa decisión de un juez, hoy investigado por la Fiscalía, se hizo cargo de organizar la campaña electoral de la Revolución Ciudadana para 2023 en la que incluso se sugirió que podría ser candidato y puso al aire un programa radial en una conocida estación de alcance nacional.
Tras la apertura de una nueva investigación en su contra por la reconstrucción de Manabí luego del terremoto de 2016, Glas no dudó en refugiarse en la embajada de México en la ciudad de Quito.
De allí que la impensable decisión del presidente, Daniel Noboa, de ingresar por la fuerza a esa sede diplomática para detenerlo, sea leída desde el poder como un acto de justicia para evitar la impunidad más que como un evidente atentado al derecho internacional respecto de la inviolabilidad de las embajadas y la institución del asilo diplomático. Caso por el que al momento, Ecuador enfrenta una querella en la Corte Internacional de Justicia de La Haya y las relaciones con el país norteamericano siguen totalmente rotas.
Si bien el correísmo intentó construir un relato en torno al autoritarismo de esa decisión de Noboa, fueron algunos de sus asambleístas quienes se encargaron de desvanecer ese argumento con un pésimo manejo de la gestión política, que incluso llevó a una legisladora, de altas credenciales académicas, a caer en un impresentable ridículo comunicacional.
El círculo se cierra con la condena a Pólit que se conocerá a mediados de este mes de julio, y de quien la cúpula correísta pretende desmarcarse aduciendo formalismos legales en su designación inicial en el año 2007 pero omitiendo su cercanía con este personaje, quien fue ratificado por la Asamblea Constituyente de Montecristi, y luego ganó dos concursos para seguir en el cargo que fueron organizados por Comisiones Ciudadanas y un Consejo de Participación, integrado por personajes cercanos al gobierno de la época.
Según refiere un documento de discusión publicado en abril de 2024 por Luis Córdova, titular del Programa de Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central, Pólit logró introducir en el sistema jurídico -primero en el 2009 una resolución de la Corte Nacional de Justicia y posteriormente en el 2015 en el artículo 581 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)- una disposición que establecía que para iniciar una acción penal por delitos de peculado o enriquecimiento ilícito se incluya como requisito de procebilidad un informe previo de Contraloría con indicios de responsabilidad penal. A decir de este trabajo, este fue el “blindaje jurídico mafioso” que permitió sostener la estructura de poder del ex contralor con el que puso contra las cuerdas a empresas y personas naturales, todo esto con la venia del poder político de turno, y que fue develado a través de caso Sobornos.
Terán, en cambio, fue el polémico presidente del CJ que sancionó a varios jueces armando mayorías con los vocales Xavier Muñoz y Maribel Barreno. Durante su histriónica comparecencia en el Pleno de la Asamblea Nacional, develó supuestos chats con la fiscal Salazar, recordó que él fue el juez que sentenció a Correa por el caso Sobornos, y -con ley en mano- justificó sus actuaciones.
Cuatro hechos y cuatro actores-clave que no solo desbaratan los cimientos simbólicos del correísmo respecto del lawfare en su contra, sino que son observados desde Carondelet como la oportunidad histórica de llevar al ocaso definitivo a esa fuerza política, que dominó el país por más de una década, y aunque ha conseguido llegar a la segunda vuelta tanto en 2021 como en 2023 arrastrando un importante número de legisladores, no logra el favor popular para retornar al poder Ejecutivo.
En este escenario, es poco probable que la consigna “culpa de Correa” se desvanezca y, por el contrario, continúe posicionándose en el imaginario colectivo, ad portas de los comicios generales del próximo año, donde Daniel Noboa participaría por la reelección e incluso no se descartan sorpresas como la de una eventual candidatura de la propia fiscal Salazar.
Según la misma encuesta de IMASEN, llama la atención que entre abril de 2023 y marzo de 2024, la gestión de la fiscal general sea evaluada por los encuestados de una forma diametralmente distinta. Mientras en abril del año pasado, durante el gobierno de Guillermo Lasso (CREO), el 62,5% rechazaba sus acciones, en marzo anterior, durante la administración del presidente Noboa (ADN), ese porcentaje se redujo 27 puntos llegando a 35,4%. Asimismo, la aprobación de la gestión de la fiscal se incrementó del 25,8% al 57,4% en el mismo periodo. .
Esta encuesta también consultó a la gente si el actual gobierno “necesita más tiempo” para solucionar, entre otros problemas, la corrupción, el desempleo, el narcotráfico, la delincuencia y el terrorismo. Entre el 52% y el 80% de los encuestados consideró necesaria esa alternativa, lo que estaría allanando el camino hacia una nueva postulación de Noboa.
Aunque la medición de IMASEN no evalúo las percepciones ciudadanas respecto de la incursión armada en la embajada mexicana para detener a Glas, sobre el aumento del IVA, los apagones ni la eliminación de los subsidios a las gasolinas, es decidora respecto de cómo se está entendiendo la política y evaluando a sus actores bajo una inédita lógica, que sirve de argumento para consolidar una identidad política de nuevo tipo, donde el slogan “culpa de Correa” lo justifica todo, desde los altos índices de desempleo e inseguridad, hasta el descalabro del sistema de salud pública, entre otros.
La opinión de Wilson Benavides.
