Por: María Eugenia Molina. Doctora Ph.D. en Comunicación. Consultora, académica
El martes 30 de julio iniciaron en Quito los operativos sancionatorios a los conductores que excedieron los límites de velocidad de acuerdo con lo que estipula el Código Orgánico Integral Penal, COIP, en su artículo 386 en el que hace alusión a las contravenciones de primera clase: prisión de 3 días, multa de un salario básico,10 puntos menos en la licencia de conducir.
El conductor que exceda el rango moderado, es decir, vaya desde los 61 kilómetros por hora en adelante deberá afrontar estas sanciones cuya normativa está vigente desde hace 10 años, pero que en Quito se la aplica hace pocos días, cabe señalar que en la ciudad los siniestros de tránsito han cobrado muchas vidas, según datos de la Agencia Nacional de Tránsito publicados en el medio Primicias, durante el primer semestre de 2024, 158 personas fallecieron en 1.218 accidentes y 1.965 quedaron heridos.
Las cifras son espeluznantes, no cabe duda, porque como si esto fuese poco, es importante tener clara la serie de consecuencias negativas adicionales que dejan este tipo de percances, por ello y por la importancia que conlleva el tema en la vida y el desarrollo de la ciudad, era imperativo que antes de empezar con los operativos, desde el municipio de Quito, se hubiese realizado una verdadera campaña sostenida de edu-comunicación del riesgo que constituye exceder los límites de velocidad.
Se debe tener claro que la comunicación del riesgo es una construcción social y que como tal requiere gestión y procesos sostenidos, pues concienciar a los públicos sobre la construcción de una cultura de prevención requiere tiempo y constancia, ya que la reacción más común entre los ciudadanos es la apatía, e incluso, la negación (eso no me va a pasar a mí) aunque estemos viendo a diario noticias que demuestran lo contrario; las costumbres al estar tan arraigadas, son difíciles de superar, de allí que la preparación para un cambio de esquema mental necesita de un proceso que va mucho más allá del sentido común (si conduzco rápido soy más proclive a un accidente) ello aunque es probable no es fácilmente reconocido por la gente, precisamente porque no asume su propia vulnerabilidad y la de su entorno.
Por estas consideraciones es imperativo que una campaña de edu-comunicación trabaje desde lo proactivo; es decir, desde la motivación-educación-acción por períodos previos a los sancionatorios que deben ir, al menos, entre los 5 y 6 meses, recordemos que cambiar conductas y hábitos no es sencillo ni rápido, no se trata únicamente de hacer giras de medios anunciando que se va a sancionar, o de salir los días previos a hacer simulacros, ello está bien, pero es insuficiente cuando el grupo objetivo no tiene interiorizado que un riesgo correctamente manejado puede ser una garantía de vida y uno mal manejado o desestimado puede convertirse en causa de accidentes y hasta de muertes, se necesita de campañas de alto impacto, las cuales no tienen por qué ser necesariamente costosas, hay maneras de hacerlo con lo que se tiene institucionalmente.
Por ello la noción de riesgo y crisis debe ser manejada como un proceso estratégico de comunicación, no puede quedarse en lo meramente informativo, pues, justamente, allí está el peligro de que la institución que lleva adelante el trabajo sea vista como mera sancionadora y no como la que se interesa por el proceso integral en el que salvar vidas es la misión más importante, recordemos que estamos inmersos en una sociedad para la cual “manejar rápido” y ser “pata brava” es visto como un atributo, cambiar esos patrones conductuales es complejo, máxime cuando hay varios agentes de detracción que deben ser contemplados en el proceso.
En comunicación de riesgo no se puede dar por sentado que la población tiene el conocimiento suficiente sobre un tema, por eso es que se vuelve fundamental preparar, educar, comunicar para luego sancionar, en ese orden, más aún cuando entre las penas consta la prisión por 3 días, sobre lo cual, aunque consta en el COIP, el mismo alcalde de Quito, ha manifestado que le parece una sanción excesiva y que la AMT sugerirá al juez que se le otorguen medidas sustitutivas a los transgresores, ojo, todo ello debió ser socializado antes, no luego que el primer transgresor ya fue sancionado de esa manera.
El bien supremo es salvaguardar la vida, de allí que lanzar una medida sancionatoria sin que la población tenga clara la noción del riesgo por conducción imprudente (exceso de velocidad) es una apuesta fortuita que deja dudas e incertidumbre, pues si la cultura de prevención no está, al menos, cercana al día a día de los conductores, la triple sanción que implica este desacato será vista como un perjuicio y no como una medida que busca mejorar las condiciones de seguridad (aceptabilidad del riesgo) de peatones y conductores; cuando el mensaje es coercitivo la respuesta es reactiva, lo que no abona al proceso de educación del riesgo.
Finalmente, considero que el municipio de Quito pudo ejercer un papel mucho más destacado en cuanto al manejo y mitigación del riesgo activo si hubiese tenido en consideración verdaderos procesos de edu-comunicación en el timing adecuado y con la profundidad y conocimientos que ello implica antes de proceder con las sanciones.
Ahora, con la medida en marcha, se deberán evaluar los resultados, manejar escenarios y buscar las competencias para que lo que se debió hacer previamente se lo haga de modo concomitante, en este caso las estrategias tendrán que ser otras, pero aún se puede, sobre todo pensando en que el fundamento de esta labor debe ser la reducción drástica de la accidentabilidad y sus penosas consecuencias.
La opinión de María Eugenia Molina
