Por: Michelle Maffei MRes
Cuando Alicia entra al País de las Maravillas, la Reina de Corazones le advierte: “no importa cuán rápido corras en mi reino, siempre estaré dos pasos por delante de ti”. Esta misma dinámica aplica a los estados que intentan combatir el crimen organizado transnacional. La excesiva burocracia, los trabajos duplicados y la ralentización de la gestión son el ejemplo más claro de un estado desorganizado, carente de eficacia y eficiencia en la administración de justicia. Esta ineficiencia crea un problema masivo para la recolección y registro de información crucial que permitiría geo-referenciar la criminalidad en el país. Ecuador no tiene datos fiables sobre cómo operan los grupos criminales. En consecuencia, las políticas públicas contra estos no están basadas en resultados, sino en la politización de un problema que es de gravedad nacional.
El crimen organizado no es una amenaza militar; es una empresa internacional que prospera en un estado ineficiente, con funcionarios públicos y privados fácilmente corrompibles, y una economía donde la informalidad es la norma. Los grupos de crimen organizado crecen y se fortalecen en tiempos de desorden social y estatal. Un ejemplo poco discutido son los Yakuzas en Japón, quienes han estado presentes en el país por más de 300 años. Sin embargo, fue después del caos dejado por la Segunda Guerra Mundial —cuando Japón sufrió la devastación de dos bombas nucleares y un colapso estatal que dejó a la población sin servicios básicos— que los Yakuzas se infiltraron tanto en la sociedad como en el Estado. Proporcionaron servicios «privados» como seguridad, infraestructura y entretenimiento, áreas en las que el Estado fallaba. No fue sino hasta 2011 que Japón logró controlar esta amenaza mediante las ordenanzas de exclusión contra los Yakuzas, conocidas como YEO en inglés.
En Ecuador, como en el resto del mundo, el crimen organizado refleja una amenaza tanto social como de crecimiento económico que se adapta a las dinámicas de poder de cada sociedad. En nuestro caso, estas dinámicas abarcan todas las formas de poder en el Ecuador. A nivel internacional, Ecuador es considerado el nuevo Wall Street del crimen organizado, y no se debe simplemente a que el país utiliza el dólar estadounidense. Atribuirlo únicamente a este factor es una simplificación peligrosa. Ecuador es la bodega de drogas de Sudamérica y el punto de salida de narcóticos hacia puertos europeos como Rotterdam, Amberes y Algeciras. Esto se debe a décadas de corrupción sistemática, además de tener uno de los sistemas judiciales más débiles de América Latina, exacerbado por el uso excesivo del habeas corpus por abogados como fiscales. A esto se suma su geografía, ya que limita con Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína. De acuerdo con el Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), Ecuador tiene un índice de criminalidad de 7.07 y un índice de resiliencia estatal de solo 4.88 debido a que no hay una co-rresponsabilidad del sector privado ni de la sociedad.
Hoy en día, la ciudad más violenta del mundo no es Ciudad Juárez, Caracas o Tijuana; es Durán, una ciudad de apenas 300,000 habitantes en Ecuador. Durán tiene una tasa de homicidios de 145 por cada 100,000 habitantes en 2023, superando incluso a las urbes más conflictivas de México. Durán no es solo un reflejo de Ecuador y su relación con el crimen organizado, sino la verdadera cara del país en esta guerra oculta. Con una población donde 200,000 personas viven en situación de pobreza, y solo el 40% tiene acceso a agua potable, Durán es un caldo de cultivo para las bandas criminales. La ausencia de proyectos de vivienda pública agrava la situación, mientras que el tráfico de tierras y la pobreza ofrecen el contexto perfecto para el crecimiento del crimen. Hasta la fecha, 19 menores de edad han sido asesinados en Durán en el contexto del narcotráfico, y un número significativo de niñas menores de edad están siendo explotadas sexualmente. Y sin embargo, estos problemas no ocupan un lugar en la agenda del Estado.
Un plan de seguridad exitoso debe enfocarse en controlar, prevenir y reducir la criminalidad, no solo en militarizar. No es exitoso al largo plazo. Este enfoque, aunque tentador, a menudo genera efectos contraproducentes. Durán presenta todas las condiciones necesarias para convertirse en un núcleo de criminalidad: hacinamiento, destrucción del tejido social, falta de control estatal, proximidad a zonas industriales, desempleo y deterioro urbano. A pesar de esto, el Estado parece estar ausente en la respuesta a estas variables que fomentan el crimen.
La pregunta que debemos hacernos es clara: ¿Estamos realmente haciendo algo para combatir el crimen organizado? ¿O simplemente estamos esperando a que el problema se agrave, como ocurrió en México y Colombia? Mientras tanto, el crimen sigue corriendo dos pasos por delante de nosotros, como en el reino de la Reina de Corazones.
Opinión, en Primera Plana
