Con 120 asambleístas presentes, el Parlamento aprobó por unanimidad, este domingo 27 de octubre, la Ley Energética propuesta por el Ejecutivo en medio de la agudización de la crisis que enfrenta ese sector en el país.
La nueva normativa incorpora la posibilidad de concesionar a empresas privadas o de la economía popular y solidaria la construcción, operación y mantenimiento de proyectos prioritarios previstos en el Plan Maestro de Electricidad (PME).
Asimismo, propone facilitar la inversión en proyectos de generación de hasta 100 megavatios (MW) en energías no renovables.
Según la presidenta del Legislativo, Viviana Veloz, el documento se enviará inmediatamente al mandatario, Daniel Noboa, para que emita su veto.
Ahora los proyectos de generación eléctrica no tendrán que pasar por un proceso de selección, de manera que se puedan acortar los plazos para su puesta en marcha.
Antes, si una iniciativa privada contemplaba generar más de 10 MW, era necesario abrir un concurso público. Entre tanto, los proyectos que actualmente operan bajo ese límite, podrán solicitar el cambio a 100 MW bajo los nuevos criterios establecidos, previa evaluación técnica que garantice su viabilidad.
En su proyecto original, Noboa proponía que los contratos de compra de electricidad que firmen las distribuidoras estatales con las empresas generadoras privadas estén «respaldados por garantías emitidas por el Estado», a través de deuda pública o fideicomisos.
Sin embargo, en el segundo debate este domingo, la Asamblea Nacional planteó dar facultad a la Agencia de Control y Regulación de Electricidad (Arconel) para que defina la prelación de pago a los generadores de electricidad, con la idea de que pueda definir, si así lo considera, prioridad de pago para los privados.
Para eso se creará un fideicomiso alimentado por la recaudación del usuario final, aunque ya no es una garantía de pago, como proponía el mandatario.
De igual manera, el Legislativo incorporó un artículo para que empresas privadas puedan importar gas natural para su autoconsumo en la generación eléctrica.
Las bancadas del movimiento Revolución Ciudadana (RC) y del Partido Social Cristiano advirtieron que esta nueva normativa no solucionaría de manera inmediata la crisis energética que vive el país.
No obstante, apoyaron la votación del proyecto de Ley para que el Ejecutivo «se haga responsable de la crisis y luego no acuse a la Asamblea de que no apoyó los cambios regulatorios propuestos”.
Este es el sexto proyecto de urgencia económica y el segundo en materia eléctrica, propuesto por el presidente Noboa y aprobado por la Asamblea Nacional.
La sequía y las altas temperaturas registradas en las últimas semanas en Ecuador mantienen bajo el caudal de los ríos, situación que influye, según el Ejecutivo, en la agudización de la crisis energética.
La madrugada de este viernes, la ministra encargada de Energía y Minas, Inés Manzano, se dirigió a los ecuatorianos en un video publicado en el perfil de X de esa cartera de Estado, donde insistió en que es una dura decisión basada en la difícil situación climática, donde el principal problema son los caudales deprimidos en sistemas hídricos claves como Mazar o Coca Codo Sinclair.
Antes del anuncio, Noboa solicitó al Comité Asesor Permanente en Materia de Energía Eléctrica tomar decisiones inmediatas para preservar la central de Mazar, garantizando la continuidad del sistema eléctrico.
