El presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), José Villavicencio, denunció este viernes, 22 de noviembre, que “el gobierno busca desacreditar las protestas en el país acusándolas, sin pruebas, de estar financiadas con dinero ilícito”.
“Condenamos la postura del Gobierno insinuando que los recursos incautados el día de ayer, eran para las protestas”, reiteró el líder sindical en conferencia de prensa más temprano este viernes.
También mediante su red social X, Villavicencio hizo referencia a las declaraciones del presidente Daniel Noboa, quien anunció la víspera que dos mujeres procedentes de Panamá habían sido detenidas en el país con dos millones de dólares, hecho que vinculó con el contexto de movilizaciones que tuvieron lugar la tarde de este jueves, 21 de noviembre.
‘Hoy (jueves), en un contexto donde ciertos sectores intentan desestabilizar al Gobierno mediante movilizaciones, surge un hecho que no podemos ignorar. En Quito se retuvo a dos mujeres que llegaban de Panamá transportando 2 millones de dólares en efectivo como si fuera algo común. ¿Coincidencia?’, se cuestionó el mandatario en un mensaje en su cuenta de X.
Los miembros del FUT revelaron que en los próximos días anunciarán nuevas acciones en contra de las políticas de Noboa.
La Policía Nacional confirmó a través de su red social X, que al menos 10 personas fueron detenidas y tres uniformados resultaron heridos durante la movilización llevada a cabo la tarde de este jueves, 21 de noviembre, en Quito.
Mientras tanto, el Ministerio de Gobierno calificó de vandálicos y violentos los actos en esta capital y ratificó su apoyo a la Policía.
Tal y como había advertido el Ejecutivo, la Policía impidió que los manifestantes llegaran hasta el centro histórico de Quito.
La víspera, la ministra del Interior, Mónica Palencia, y la cúpula militar y policial anunciaron que las organizaciones autoconvocadas «no habían solicitado oficialmente el permiso para realizar la manifestación».
Palencia dijo que existe un estado de excepción que afecta a la capital del país y que limita la libertad de reunión y la suspensión del principio de inviolabilidad del domicilio.
Sin embargo, la Corte Constitucional se pronunció al respecto y señaló que en su dictamen con fecha 14 de noviembre esta entidad declaró la inconstitucionalidad de la suspensión del derecho a la libertad de reunión.
