Miembros del gabinete del presidente Daniel Noboa defendieron este lunes, 2 de diciembre, en la Asamblea Nacional el proyecto de Reforma Parcial a la Constitución para el retorno de bases militares extranjeras al país, asegurando que su único objetivo es “recuperar la seguridad para los ciudadanos”.
Ante la Comisión Ocasional del legislativo que analiza esa propuesta, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, dijo que la iniciativa del Ejecutivo “no restringe derechos ni garantías constitucionales”.
Medios y equipos de detección y vigilancia serán los beneficios que tendremos con la reforma, enfatizó.
Por su parte, el secretario Jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, insistió en que la situación geográfica de Ecuador, junto a los productores de coca y cocaína, hace a este territorio “apetecido para los grupos de delincuencia organizada y por eso es necesaria la presencia de bases militares”.
Para Andino, la economía dolarizada sería otro coadyuvante para que en el país operen grupos de delincuencia organizada ligados al narcotráfico.
A ese criterio se sumó la canciller, Gabriela Sommerfeld, quien argumentó además que, en caso de aprobarse la propuesta, “las bases militares no podrán actuar libremente ni por fuera de los acuerdos que se lleguen a alcanzar”.
Tenemos la responsabilidad compartida de devolverle la paz al país. La reforma constitucional permitirá acuerdos indispensables de cooperación militar ceñidos al marco constitucional ecuatoriano, añadió.
No obstante, Sommerfeld aseguró que el país no ha tenido ningún tipo de acercamiento con otros como posibles interesados en establecer una base militar en Ecuador, porque está prohibido por la Constitución.
Aunque reconoció que “hay una inquietud por parte varias naciones que consideran que, en las condiciones actuales, es imposible enfrentar al crimen organizado de forma individual y sin apoyo extranjero”.
Entretanto, el parlamentario Jorge Peñafiel, del movimiento Construye (derecha), cuestionó que la propuesta del Gobierno de una reforma Constitucional tuviera lugar en un contexto electoral y pidió datos que justifiquen los beneficios que traería al país la presencia militar foránea.
Mientras, la legisladora del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN, derecha), Inés Alarcón respondió las razones para aprobar la reforma parcial son: «economía criminal, sicariatos, extorsiones, secuestros».
El pasado 17 de octubre de 2024 el presidente Noboa, envió a la Asamblea Nacional una propuesta de reforma constitucional para eliminar la prohibición de permitir bases militares extranjeras en su país, tras el dictamen favorable de la Corte Constitucional, como parte de la estrategia en lucha contra el crimen organizado.
A tal efecto en la Asamblea se creó una comisión ocasional para tratar el tema e integrada por 7 legisladores, y cuya presidenta es Gissela Garzón, del movimiento Revolución Ciudadana (izquierda).
La propuesta de reforma permitiría establecer bases militares extranjeras en Ecuador, prohibidas desde el año 2008, durante el gobierno del expresidente izquierdista Rafael Correa 2007-2017.
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