“El estudio de impacto ambiental carece de tecnicismo, de profundidad y, sobre todo, no cuenta con todos los elementos para continuar con esta actividad”, aseguró la viceministra del Agua, María Luisa Cruz, respecto del informe que emitió la empresa de agua potable de Cuenca, Etapa, sobre las posibles afectaciones que el proyecto minero Loma Larga podría causar en el páramo de Quimsacocha, en Azuay.
En una entrevista en Ecuavisa, la funcionaria señaló que hay estudios más recientes y exhaustivos que analizan los parámetros cuestionados.
Explicó que el Ministerio de Ambiente Agua y Transición Ecológica (MAATE) concluyó en sus informes que la calidad de agua no es afectada por metales pesados y están dentro de los límites máximos.
Las declaraciones de la viceministra ocurrieron después de las aseveraciones que hizo María Verónica Polo, gerenta de Etapa, en las que señaló que se trata de una zona de recarga hídrica del área protegida de El Cajas, donde nacen dos de los cuatro ríos de Cuenca: el Tarqui y el Yanuncai.
El informe presentado por ellos señala que la explotación de la mina causaría afectaciones a la salud de los consumidores de agua, así como a los cultivos y ganado que la beba, ya que acumularían metales pesados.
