El Ministerio de Gobierno confirmó este lunes, 16 de diciembre, que el Ejecutivo no construirá la cárcel de máxima seguridad en Archidona, provincia de Napo, y llevará a cabo el proyecto en la ciudad costera de Salinas, en Santa Elena, donde ya se edifica otra prisión de este tipo, en la comuna Juntas del Pacífico.
De acuerdo con un comunicado emitido en el perfil en X de esa cartera de Estado, “el Gobierno Nacional aceptó la propuesta de la Alcaldía de Salinas que, en una carta dirigida a la Administración de Daniel Noboa, había señalado contar con el espacio físico para la implementación de un proyecto de infraestructura penitenciaria», detalló el documento.
El texto puntualizó que “la actual cárcel en Archidona, que es de mínima seguridad y cuenta con una infraestructura deficiente, será repotenciada en la medida de sus capacidades”.
“Esta decisión reafirma el compromiso del Gobierno Nacional con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y con el impulso al desarrollo económico y social, ahora de la comunidad del cantón Salinas, generando empleo directo e indirecto y dinamizando la economía local mediante una obra de esta envergadura”, reiteró el Ejecutivo.
Desde la madrugada de este lunes los pueblos y nacionalidades indígenas de Pastaza se tomaron la troncal amazónica y bloquearon la Vía Puyo – Macas en apoyo a las protestas que por alrededor de 15 días se llevan a cabo en la provincia de Napo para rechazar la construcción de una cárcel de máxima seguridad en el cantón Archidona.
Las protestas en Napo se incrementaron desde el pasado jueves al sumarse oficialmente el movimiento indígena y otras organizaciones sociales, que en una multitudinaria asamblea decidieron proseguir con las movilizaciones al enterarse que, en medio de esta situación, el Gobierno había adjudicado ya la obra.
Desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización social del país, habían advertido a inicios de la pasada semana que se agudizarían las protestas si la Administración de Noboa insistía en llevar adelante las obras sin antes realizar una consulta previa sobre el proyecto con las comunidades de la zona.
Los líderes sociales de esa zona señalaron que una prisión allí tendría impacto en el entorno natural y en instituciones educativas cercanas donde estudian alrededor de cinco mil niños y adolescentes.
El presidente Noboa presentó la idea de construir dos nuevas cárceles de máxima seguridad como parte del Plan Fénix, como denominó a su cuestionada estrategia contra la violencia y el crimen organizado.
Actualmente, el Ejecutivo levanta una de esas prisiones de máxima seguridad en la provincia costera de Santa Elena, con capacidad para 800 reclusos y a un costo de 52 millones de dólares.
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