La Fiscalía General del Estado remitió el caso de los cuatro menores desaparecidos en Guayaquil a la Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza, con sede en Quito, para “garantizar una investigación imparcial y técnica, que se enfoque en la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de los estándares de justicia en casos de alto impacto donde se presume el involucramiento de agentes estatales”.
La información la dio a conocer la institución judicial a través de su red social X y aclaró que esta unidad, se encarga específicamente de investigar infracciones presumiblemente cometidas por agentes estatales que involucren hechos como desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y otros delitos conexos que puedan ser tipificados inicialmente de manera distinta.
“En este contexto, cuando un caso inicia como secuestro, pero durante el desarrollo de la investigación emergen indicios claros que señalan la posible participación de agentes del Estado, el caso debe ser retipificado y trasladado al conocimiento de esta unidad especializada nacional”, especificó un comunicado.
Los adolescentes de entre 11 y 15 años desaparecieron el 8 de diciembre en el sector de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, en un supuesto operativo militar.
Los jóvenes fueron identificados como Josué e Ismael Arroyo, Saúl Arboleda y Steven Medina.
Luis Arroyo, padre de los hermanos Josué e Ismael, relató al canal Ecuavisa que tras la desaparición recibió una llamada de un hombre que puso a uno de sus hijos al teléfono.
El joven le explicó que hombres vestidos de militares se los habían llevado.
El caso ha conmocionado al país luego de conocerse las denuncias en las redes sociales, lo cual motivó el pronunciamiento de varios actores políticos y organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos que exigen al gobierno investigar el paradero de los menores.
A ello se suma la convocatoria de la Asamblea Nacional para que este lunes, 23 de diciembre, comparezcan altos mandos militares del país y el ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo, a fin de conocer los pormenores del caso y emitir un pronunciamiento.
Los parlamentarios conocerán y resolverán sobre este suceso, para lo cual han sido llamados a comparecer también el Defensor del Pueblo, César Marcel Córdova; el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, y el comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Celiano Cevallos, para que informen sobre el avance de las pesquisas respeto a la desaparición de los menores.
El Comité de Derechos Humanos de Guayaquil presentó una demanda ante la justicia nacional y solicitó una acción urgente al Comité de Desapariciones de la ONU ante el paradero desconocido de cuatro menores tras un presunto operativo militar en la zona.
En un comunicado emitido el sábado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) condenó este hecho y exigió al gobierno, a la Fiscalía General del Estado y a las Fuerzas Armadas actuar con ‘transparencia y celeridad’ para encontrar con vida a los menores.
‘Denunciamos también que esta tragedia es consecuencia directa de una política de represión y señalamiento a los sectores populares como única respuesta gubernamental para combatir la inseguridad’, señaló la Conaie.
Hasta el momento, el presidente Daniel Noboa no se ha pronunciado sobre este caso, que es calificado como una presunta desaparición forzosa por parte de presuntos militares en un operativo militar.
La semana pasada, las Fuerzas Armadas emitieron un comunicado oficial donde aseguraron que sus unidades colaboran en la búsqueda de los niños de conjunto con la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase).
