La concejal del Municipio de Quito, Mónica Sandoval, explicó que esperan conocer el informe emitido por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) para que la Comisión de Movilidad del Municipio dé atención a los ciudadanos afectados por la asignación de cupos para la operación de taxis en la ciudad. Así mismo, establecerán las responsabilidades correspondientes contra aquellos que no acataron la disposición de la justicia.
En ese mismo tema se encuentra el escándalo contra el concejal Orlando Núñez quien habría recibido $10.000 por parte de los representantes de la Compañía de Taxis Sangay para otorgarles el permiso y cupo para su funcionamiento. De acuerdo con las últimas declaraciones de los ciudadanos, el concejal ya habría devuelto el dinero. Sin embargo, Sandoval señaló que las investigaciones penales continuarán.
Según explicó Sandoval, no pudieron conocer la postura de Núñez debido a que se encuentra en periodo de licencia hasta el 29 de septiembre. Así, dijo que una vez que regrese a sus funciones, el Municipio deberá pedirle explicaciones.
Los hechos
Sandoval informó que la asignación de cupos para el permiso de funcionamiento de taxis se cerró en 2009. Sin embargo, la Compañía Sangay interpuso una acción de protección que aceptó la justicia ecuatoriana. De esa manera, el Municipio de Quito debía otorgarle un cupo que, hasta este 2021, no han podido conseguirlo. Es decir, la sentencia no se cumple aunque ya transcurrieron 12 años.
Frente a ese escenario, los representantes de la Compañía Sangay comparecieron ante la Comisión de Movilidad para dar a conocer la entrega de $10.000 a favor de familiares del concejal Orlando Núñez.
Por ello la denuncia se encuentra en investigación penal. Pero, para Sandoval, también deben establecerse responsabilidades en contra de los funcionarios que no acataron la disposición de la justicia.
Así mismo, la concejal explicó que no se trataría de la única compañía de taxis, sino que existirían más casos como este que no recibieron respuesta del Municipio.
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