Los cuerpos encontrados el martes, 24 de diciembre, en las cercanías de la Base Aérea de Taura aún no han podido ser identificados debido al estado de los cadáveres.
Este miércoles, los padres de los menores desaparecidos el pasado 8 de diciembre en Guayaquil se presentaron en la morgue para procedimientos periciales.
Al finalizar el procedimiento, Billy Navarrete, de la Comisión Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, que apoya legalmente a las familias, explicó al canal Ecuavisa que fue imposible realizar una identificación inmediata debido al estado de los cadáveres.
Aunque inicialmente se habló de tres cuerpos, Navarrete confirmó que son cuatro.
Tras el fracaso de la identificación dactilar, se procederá a un intento de identificación antropológica. Estos resultados se conocerán el lunes 30 de diciembre.
“Si esos resultados no son determinantes, el último paso será la identificación con pruebas de ADN, un proceso que podría durar hasta 30 días”, reiteró Navarrete.
No obstante, los familiares anticiparon que solicitarán al Ministerio de Justicia la participación de instancias legales para agilizar el proceso.
La Policía Nacional informó que los cuerpos fueron encontrados durante una búsqueda de los menores en un sector inaccesible al que solo se puede llegar en bote, cerca de Taura, cantón Naranjal, provincia de Guayas.
Ecuador está pendiente de este caso de los hermanos Josué e Ismael Arroyo, así como Saúl Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años de edad, que desaparecieron el pasado 8 de diciembre en La Malvinas, Guayaquil, luego de que uniformados se los llevaran en una camioneta.
La jueza constitucional de Guayaquil, Tanya Loor Zambrano, declaró este martes el caso como un hecho de desaparición forzada y dictó medidas de reparación integral, como que el Estado, por medio del sistema nacional competente, continúe con los actos de investigación para dar con el paradero de los niños.
La Fiscalía solicitó una audiencia para formular cargos contra los militares por desaparición forzada, y el Ministerio de Defensa dispuso mantenerlos bajo custodia de la Fuerza Aérea Ecuatoriana para evitar cualquier intento de fuga durante las investigaciones.
Mientras, el Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) dictó medidas de acción urgentes que el Estado ecuatoriano debe cumplir antes del 7 de enero de 2025.
Entre ellas, establecer de forma urgente una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma para la búsqueda inmediata de los menores de edad y para la investigación exhaustiva e imparcial.
La desaparición de los menores acontece en medio de la crisis de seguridad en Ecuador y en el contexto de un estado de excepción que autoriza al Ejército a realizar operativos en las calles, lo cual ha puesto bajo la lupa la participación de aparentes uniformados en actos ilegales y de abuso de poder.
