El candidato a la Presidencia de la República por el partido Unidad Popular, Jorge Escala, presentó este miércoles ante la Fiscalía General una denuncia contra el presidente-candidato, Daniel Noboa y la vicepresidenta encargada, Cynthia Gellibert, “por usurpación y simulación de funciones”.
“Noboa también tiene que cumplir la ley y la Constitución y en ese sentido ha dictado dos decretos, el 494 y el decreto número 500, el primero declara la ausencia temporal a la vicepresidenta Abad. Figura o competencia que solo la puede o tiene la Asamblea Nacional, no es competencia del presidente de la República declarar la ausencia temporal. Por lo tanto, ahí se comete el delito de usurpación y simulación de funciones públicas y al mismo tiempo la licencia que él se otorga por tres días también tiene que ser concedida por la Asamblea Nacional”, dijo Escala a la prensa en los exteriores de la Fiscalía.
Asimismo pidió a la institución judicial que acepte el trámite e inicie las investigaciones de manera inmediata “para impedir que se cometan abusos y arbitrariedades”.
“Estamos pidiendo que de manera inmediata, la Fiscalía acepte el trámite con el propósito de impedir que se cometa este abuso, esta arbitrariedad (…) estamos solicitando a la policía judicial que el día de mañana acuda a la Presidencia de la República para evitar que se haga efectivo este acto de vulneración a la Constitución y a la ley y en caso de que la señora Gellibert ocupe las funciones de la Presidencia, de manera inmediata sea detenida”, manifestó.
Este martes, mediante el Decreto Ejecutivo 500, el mandatario Noboa, encargó la Presidencia de la República a Cynthia Gellibert, desde mañana jueves 9 al domingo 12 de enero “por razones de fuerza mayor”.
Gellibert fue designada por Noboa el 4 de enero como vicepresidenta temporal de Ecuador en reemplazo de Sariha Moya, quien declinó asumir la Vicepresidencia de la República debido a “un quebranto en su salud”.
Según el Decreto, la decisión se tomó “ante la ambigüedad del pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), y dados los inconmensurables supuestos que pueden aparecer por la percepción de cada ciudadano sobre los actos que realiza el presidente de la República”.
En el documento, se hace referencia al comunicado emitido por el CNE este 6 de enero, en el que el organismo electoral recuerda que los servidores públicos en ejercicios de sus funciones tienen la prohibición de “inducir al voto a favor de una determinada preferencia electoral”.
“Es imprevisible e irresistible que el ejercicio de las funciones y atribuciones del presidente de la República, en cualquier evento público, se confunda con un acto proselitista y de paso a denuncias por una infracción electoral”, añadió el texto.
Este lunes, tres candidatos presidenciales acusaron al mandatario de cometer infracción electoral, algo que descartó el ministro de Gobierno, José de la Gasca, para quien “en ninguno de los casos el presidente ha violado ni la ley ni la Constitución”.