Por María Eugenia Molina. Experta en Comunicación Estratégica/Docente Universitaria
Cada vez que viene un período de cambio llega acompañado, de algún modo, de esperanza por aquello que las nuevas autoridades puedan representar en beneficio de los ecuatorianos, y ello fue lo que esperamos con los nuevos asambleístas que se posesionaron a partir del pasado 14 de mayo, sin embargo, la imagen pública del Poder Legislativo en los cuatro meses que lleva en funciones ha dejado mucho que desear en cuanto a su trabajo, pero, sobre todo, en lo que tiene que ver con la ética de algunos parlamentarios que se han visto involucrados en temas de presunta corrupción, los mismos que han salido a la luz por denuncias de sus propios asesores en unos casos, de sus compañeros en otros, y han sido ampliamente difundidos por los medios y viralizados por las redes sociales.
Los ecuatorianos fuimos testigos de la mala imagen que tuvo la anterior Asamblea Nacional y los bajos niveles de credibilidad con los que terminó su gestión, lo decepcionante es que en la actual, se estarían dando muchos de los mismos actos de corrupción, como cobros de “diezmos”, gestión de cargos públicos, inclusive al más alto nivel como sería el caso de la segunda vicepresidenta de esta función del Estado, cuyas oficinas fueron allanadas por parte de la Fiscalía; otros asambleístas que dicen no conocer nada de las acciones de sus asesores que presuntamente actúan por cuenta propia y no faltó quien dejó como “consejo” que “si roban, roben bien, justifiquen bien…”, lo cierto es que estos actos alejados de sus responsabilidades y de su razón de ser, que son legislar y fiscalizar, han marcado tempranamente de un modo negativo su accionar, como lo han manifestado varios usuarios de la redes sociales, la Asamblea Nacional se ha convertido en “agencia de empleos y de exhortos”, afirmaciones lapidarias para una de las funciones más importantes del Estado.
No se puede generalizar, seguramente, la gran mayoría de legisladores debe hacer su trabajo de manera responsable, lamentablemente la imagen, identidad, reputación y capital de credibilidad fueron severamente afectados por estos actos, recordemos que son temas sensibles, y más, si vienen de parte de quienes llegaron a sus cargos gracias a la confianza que depositamos en ellos los ciudadanos que, con nuestros votos les dimos la oportunidad de ser parte de la Asamblea Nacional; cuando esa confianza es traicionada por actos reñidos con la condición para la que fueron electos, el resquebrajamiento de la credibilidad es la respuesta natural por parte de los ciudadanos.
Existe un término que utilizamos los estrategas de Comunicación de Crisis para nombrar a este tipo de situaciones, donde las crisis en una organización, para el caso la Asamblea Nacional, son reiteradas y tienen patrones similares, se llama “crisis en capas» en referencia a que no culmina un evento crítico para entrar en otro, y de este modo aumentar la desestabilidad de la entidad y la incertidumbre de la población, máxime cuando los implicados tratan de “matizar” los escándalos de corrupción y de esta manera pretenden minimizar la crisis, desviar la atención y no responder con oportunidad, claridad y, sobre todo, con verdad a las acusaciones que les han hecho; los legisladores están en el derecho y en el deber de desvirtuar las imputaciones, en caso de ser falsas, y de no ser así, para eso existen los organismos de la propia Asamblea Nacional y de la justicia para que actúen conforme a lo que corresponda.
Cuando funcionarios designados por el voto popular actúan por fuera de la ética, de la rectitud y de la integridad, la institución sufre un gran deterioro: “Los costos de una crisis cruzan todo el repertorio de males: confianza dañada, clientes (población) insatisfechos, desmoralización interna, reputación por los suelos. Pero en la última línea, la amenaza no está en la crisis -que es ineludible- sino en el modo en que es administrada, controlada y zanjada” (Tironi, E. & Cavallo, A. 2004).
Los stakeholders (públicos involucrados) con el Poder Legislativo somos todos los ecuatorianos, por lo cual es muy grave para la Asamblea Nacional, como institución, que, su reputación y credibilidad esté en duda y que los mandantes estemos permanentemente desconfiando de su accionar y a la expectativa de un nuevo escándalo, lo que termina por afectarnos a todos en circunstancias donde hay tanto por hacer por el país en materias de legislar y fiscalizar; es de esperar que el legislativo, al que le queda mucho camino por recorrer, lo haga con ética y probidad, que se corten las prácticas que pudiesen estropear el trabajo que les hemos encomendado los ecuatorianos, ello se logrará con compromiso y transparencia, con comunicación efectiva, para eso deberá haber un accionar íntegro por parte de los asambleístas, de lo contrario este camino podría convertirse en un triste espectáculo para el país.
