El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que sesiona este jueves 23 de enero y mañana viernes, como parte del examen periódico (2024), analizará el caso de los cuatro menores desaparecidos y posteriormente asesinados en Guayaquil, luego de ser detenidos por una patrulla militar.
La relatora de ese Comité, Mary Beloff, aseguró que las jornadas de debate estarán marcadas por “los aberrantes hechos que sucedieron en Guayaquil en diciembre del año pasado”, dijo.
Beloff calificó el caso como una detención ilegal, desaparición forzada y asesinato, mientras mencionó en el plenario los nombres de Saúl arboleda (15 años), los hermanos Josué arroyo (14 años) e Ismael arroyo (15 años) y Steven Medina (11 años).
“Comprenderán que indagar sobre las condiciones sociales que hicieron que las vidas de niños, que habían ido a ver un partido de fútbol, hayan terminado de una forma tan horrenda como terminaron, es parte esencial de la labor de este Comité, para que haya verdad y justicia en cada violación de derechos de un niño ecuatoriano”, reiteró.
La relatora de la ONU insistió en que el objetivo es proveer de reparaciones adecuadas en tiempo oportuno y contribuir a que “nunca más hecho semejantes sucedan en el país”.
Este miércoles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró que el Estado ecuatoriano debe “investigar, juzgar, sancionar y reparar con la debida diligencia” la desaparición y posterior asesinato de Steven Medina, Saúl Arboleda y los hermanos Josué e Ismael Arroyo, luego de ser detenidos por una patrulla militar el 8 de diciembre de 2024, en Guayaquil.
La Comisión insistió en que el Estado debe asegurar que se verifique y aclare la posible responsabilidad del personal militar, fortaleciendo las acciones de investigación que ya han sido emprendidas.
A través de un comunicado, la CIDH condenó el hecho que estremeció al país y también expresó preocupación por las declaraciones de Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa, quien en sus disculpas públicas anunció que buscaría una sanción contra la jueza que aceptó el habeas corpus interpuesto por las familias para que el caso de investigue por desaparición forzada.
La Comisión recalcó que no escapa de su atención el hecho de que este caso se produjo en el marco de la vigencia de sucesivos estados de excepción en el país, “que han autorizado la acción de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, por un supuesto conflicto armado de carácter no internacional, entre otras causales”.
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