La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, de la Asamblea Nacional, inició este jueves, 20 de marzo, el proceso de fiscalización integral respecto a la reparación y restauración por la afectación provocada al ecosistema y la naturaleza, a la población y las pérdidas económicas para el país y para los habitantes, debido al derrame de petróleo en el sector de El Vergel, cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas.
Para ello, la mesa legislativa aprobó el cronograma de trabajo que incluye pedidos de información y comparecencias de los ministerios de Ambiente, Finanzas y Salud; Petroecuador; Defensoría del Pueblo; Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos; así como de los alcaldes de los cantones Esmeraldas, Atacames, Quinindé y Río Verde; además, a ingenieros y abogados ambientalistas, académicos, fundaciones de derechos ambientales, sociedad civil y otros requerimientos.
La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, afirmó más temprano que el derrame de crudo en Esmeraldas “fue provocado por sabotaje” en una tubería del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).
En entrevista para el canal local Teleamazonas, Manzano señaló que en un primer momento vieron el deslizamiento de tierra y por eso se suponía que esa era la causa del problema, pero un informe del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) les indicó que era provocado.
Mientras tanto, La Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo (ANTEP) alertó este jueves, 20 de marzo, que desde hace meses sus miembros han denunciado una “política de autosabotaje a la empresa pública petrolera, igual que en el sector eléctrico”, detalló un comunicado.
Además, la Asociación cuestionó que, a casi una semana de la tragedia ambiental en Esmeraldas, el Gobierno Nacional “continúa sin dar respuestas claras al país, sin transparentar las circunstancias reales del suceso y sin asumir su propia responsabilidad”.
Al respecto, la ANTEP exigió al Gobierno una cifra oficial del volumen del derrame.
La emergencia en el Sistema del Oleoducto Transecuatoriano se reportó el pasado jueves, tras lo cual la cartera de Ambiente confirmó los primeros impactos en el Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río Esmeraldas, en particular a la cobertura vegetal del ecosistema manglar, así como en la fauna y los sedimentos acuáticos.
La situación obligó a la suspensión del suministro de agua potable para más de 500.000 personas y paralizó también la actividad pesquera, tanto de los pescadores como los artesanos, una de las fuentes de ingresos en la región esmeraldeña junto al turismo.
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