El abogado Oswaldo Trujillo continúa detenido en la cárcel de máxima seguridad La Roca, luego de que la audiencia para procesar la solicitud de hábeas corpus presentada por su defensa, fuera postergada este jueves, por cuarta ocasión, la nueva fecha es para el 31 de marzo.
La defensa de Trujillo, presentó el recurso el pasado mes de febrero por denuncias de supuestas torturas contra el abogado, amenazas de muerte, agresión con golpes y gas lacrimógeno, insultos y privación de elementos básicos para la supervivencia.
En la audiencia de este jueves, el juez a cargo del caso dispuso a los funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) presentes, Karol Jiménez, Alexis Ortega y Guido Luque, proporcionar al Tribunal, en un plazo máximo de 24 horas, las grabaciones de la cámara 360, ubicada en el Patio Central Externo de La Roca, diagonal al Policlínico.
El plazo para entregar el material vence mañana 28 de marzo al medio día.
Las grabaciones de la cámara en mención hacen parte de la prueba fundamental para la decisión del tribunal, pues a decir de los testigos y del propio Abogado Oswaldo Trujillo, fue en ese patio donde ocurrieron las agresiones, propiciadas por miembros de las Fuerzas Armadas, durante la tarde del 14 y 20 de febrero pasado.
Una vez acopiada la información, a decir del Juez, el Tribunal dará su decisión final.
Trujillo, exdefensor de Francisco Barreiro, hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, se encuentra bajo prisión preventiva, desde el pasado 17 de enero, luego de que la jueza de Garantías Penales ordenara esa medida contra el jurista, “por su presunta participación en el delito de tenencia y porte no autorizado de armas, municiones o componentes de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de uso privativo de la Policía Nacional”, según detalló en ese momento la Fiscalía General del Estado, a través de su red social X.
Según la institución judicial, Trujillo almacenaba en su vivienda unas 15.000 municiones de uso militar que no pudo justificar.
Por ello, fue detenido el 16 de enero, durante los allanamientos que realizó la Fiscalía en Quito y Esmeraldas, como parte de una investigación denominada, caso Fachada, sobre delincuencia organizada y tráfico de influencias y que involucra a jueces y abogados.
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