Por: Felipe Pesantez
La historia reciente de Ecuador muestra una alarmante tendencia: el deterioro progresivo de la fe en la democracia. Lo que hace apenas dos décadas era una preferencia mayoritaria por los valores democráticos se ha convertido en una indiferencia preocupante que podría allanar el camino hacia el autoritarismo.
Los datos hablan por sí solos con base a los informes de Latinobarómetro. En 1996, más de la mitad de los ecuatorianos (51,70%) valoraba la democracia por encima de cualquier alternativa. Solo un 18,10% prefería un gobierno autoritario, mientras que a un 23,30% le resultaba indiferente el tipo de régimen que los gobernara. Para 2024, ese panorama ha cambiado dramáticamente: quienes prefieren la democracia han caído al 42%, mientras que los partidarios del autoritarismo han crecido al 21% y —más preocupante aún— quienes muestran indiferencia ante la forma de gobierno representan ya el 34% de la población.
¿Qué explica esta erosión de los valores democráticos? La respuesta parece estar en la percepción de inseguridad y la desesperación económica. El 61% de ecuatorianos ahora acepta un gobierno autoritario si este resuelve sus problemas económicos —un incremento desde el 52% registrado en 2002. Más inquietante aún: el 54% considera aceptable que un presidente pase por encima de la constitución, las leyes y las instituciones democráticas con tal de resolver problemas urgentes.
La ecuación es tan simple como peligrosa: a mayor percepción de violencia e inseguridad, menor aprecio por los procesos democráticos. Ya en 2002, casi la mitad de los ecuatorianos (47,2%) consideraba el terrorismo como un problema grave. Para 2024, la percepción de violencia proveniente del crimen organizado ha escalado al 40%, la atribuida a grupos delincuenciales organizados al 43%, la vinculada al narcotráfico al 30%, y la violencia callejera cotidiana al 50%. Estas cifras representan incrementos dramáticos desde los porcentajes de 17,8%, 21,5% y 34,1% registrados apenas en 2020.
En este clima de miedo creciente, no sorprende que las Fuerzas Armadas hayan ganado terreno en la confianza ciudadana, pasando del 47,1% en 2002 al 66% en 2024. Los partidos políticos, aunque ligeramente mejor valorados (del 8,6% al 13%), siguen sin representar una alternativa creíble para la mayoría de ecuatorianos.
Las próximas elecciones de 2025 podrían ser solo un preámbulo de lo que realmente está en juego: la posibilidad de que en 2029 Ecuador se incline decisivamente por un modelo autoritario que prometa mano dura contra la inseguridad y soluciones inmediatas a los problemas económicos.
La pregunta que hoy debemos plantearnos no es si los ecuatorianos estarían dispuestos a sacrificar 40 años de tradición democrática por promesas de seguridad y estabilidad —la respuesta parece cada vez más clara—, sino qué podemos hacer para fortalecer las instituciones democráticas y recuperar la confianza ciudadana antes de llegar a ese punto de inflexión.
La democracia no es perfecta, pero sigue siendo el único sistema que garantiza derechos y libertades fundamentales. Cuando la seguridad y la estabilidad se convierten en valores absolutos por encima de la participación y las libertades, el terreno para el autoritarismo queda abonado.
¿Estamos dispuestos a asumir ese riesgo?
La respuesta no la encontraremos en las elecciones de 2025, sino en la forma en que enfrentemos los próximos cuatro años de cara a 2029.
La opinión de Felipe Pesántez
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