El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, enfrentó una audiencia de vinculación el 9 de abril de 2025, en el marco de la investigación por la presunta distribución ilegal de hidrocarburos. La Fiscalía busca vincular a Alvarez y a diez personas más en el caso Triple A, que investiga la comercialización irregular de combustibles.

El juez Renán Andrade no aceptó la solicitud del abogado de Alvarez para diferir la audiencia debido a otros compromisos judiciales. Como resultado, designó defensores públicos para el alcalde y otro procesado.

Alvarez rechazó esta medida, argumentando que un defensor público no conoce su caso y que tiene un abogado de confianza, Diego Córdoba, quien justificó su inasistencia.

A través de una conexión por Zoom, Alvarez expresó su descontento, diciendo: “No autorizo a ningún defensor público a que me represente. Ni siquiera abre YouTube o es que no quiere dejar que el país vea que me deja en indefensión”.

La Fiscalía sostiene que Copedesa, empresa vinculada a Alvarez, vendió combustible de manera irregular a varias gasolineras. Las investigaciones comenzaron en julio de 2024, tras una denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Energía. Se han presentado informes del Servicio de Rentas Internas y de la Unidad de Análisis Financiero.

La audiencia se reanudará el 10 de abril de 2025, donde el juez decidirá si acepta la vinculación de Alvarez y qué medidas cautelares se implementarán, como prisión preventiva o arresto domiciliario.