En entrevista en el noticiero ‘A Primera Hora’, Sofía Gordón, coordinadora de la Coalición por la Movilidad Segura Ecuador, señaló que la problemática respecto de los radares de velocidad es la concesión de contratos.

“Al no haber el reglamento, queda un vacío legal que ha permitido que los GAD’s y los entes de control tengan unos contratos que no están homogenizados. Esto ha hecho que el contrato sea el problema, no el radar en sí mismo”, precisó la especialista.

Además, señaló que el uso de estos equipos se ha “politizado” y ha quedado en una medida contraria a la seguridad vial.

Según datos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), a excepción del año 2020, cuando la pandemia redujo la siniestralidad, entre 2019 y 2023 se registraron más de 20.000 siniestros de tránsito anuales.

Por su parte, la investigación ‘Vías urbanas más seguras: una propuesta desde la sociedad civil’, señala que el 45% de los siniestros son resultado de factores asociados con la velocidad y el 7% de la conducción en estado de embriaguez.

La mañana de este 29 de abril, la asambleísta Jhajaira Urresta (RC) presentó un proyecto de Reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) sobre el exceso de velocidad y el consumo de alcohol.

La propuesta fue elaborada por la Coalición por la Movilidad Segura en Ecuador, integrada por las organizaciones TANDEM, Carishina en Bici y la Asociación de Peatones de Quito.