Por: Wilson Benavides, analista político
Los “progres” tienden a idealizar el mundo indígena politizándolo desde el anhelo de cambio social que ellos suponen que este último representa, al menos desde los levantamientos -que en los 90 del siglo XX- este sector venía ejecutando y que terminaron en la salida de al menos dos de los tres presidentes derrocados en la década de inestabilidad política (1997-2007).
Este imaginario que se construyó sobre la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) como un actor insurgente con capacidad de movilización en las calles y poder de veto en el sistema institucional, hizo que muchas organizaciones “de izquierda” intenten plegar a sus luchas o colocar sus agendas en su radar que -en un primer momento- buscó el reconocimiento de nuestro país como un Estado plurinacional y multiétnico, algo que se logró con la Constitución de Montecristi (2008), y posteriormente ha girado en torno a la defensa de los recursos naturales, amenazados por el extractivismo.
A nivel de la democracia representativa, fueron las elecciones generales de 2021 cuando el brazo político de la CONAIE, el movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik obtuvo la representación parlamentaria más numerosa desde su fundación en 1995, alcanzando 27 de 137 legisladores, en una Asamblea Nacional en la que además las otras organizaciones de la tendencia como Revolución Ciudadana e Izquierda Democrática obtuvieron 49 y 18 legisladores, respectivamente, sumando un total de 94 asambleístas, que en la época, representaba una inmejorable “mayoría calificada”.
Pese a ello, la operación política emprendida por el gobierno del entonces presidente Guillermo Lasso, desmanteló esta mayoría parlamentaria, dividiendo de entrada a los legisladores del movimiento del arcoiris mediante el reparto de las comisiones parlamentarias y la designación de Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea Nacional, lo que produjo un efecto en cadena que desbarató el supuesto pacto entre CREO, la RC y el PSC.
Pero Pachakutik logró este abrumador número de legisladores en 2021 con un antecedente fundamental: el levantamiento popular y estallido social de octubre de 2019 durante la administración de Lenin Moreno, lógica que posteriormente se ratificó en las elecciones locales de febrero de 2023, que tuvieron también como antecedente una paralización en 2022 liderada por Leonidas Iza Salazar, durante el gobierno de Lasso, y que desembocaron en la aplicación de la “muerte cruzada” que disolvió la Asamblea y convocó a elecciones anticipadas, en agosto de 2023, donde Daniel Noboa, se adjudicó la victoria en las urnas sobre la candidata del correísmo, Luisa González.
Esta correlación entre protesta social y rédito electoral no se tradujo sin embargo ni en las elecciones anticipadas del 2023 ni en estos comicios generales de 2025, donde la representación parlamentaria de Pachakutik se redujo considerablemente de 27 legisladores en 2021 a cuatro en 2023 y a nueve en 2025. En estos últimos comicios, la Revolución Ciudadana logró 67 legisladores y el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), un total de 66.
De ahí la importancia política del anuncio que el ministro de Gobierno, José de la Gasca, realizó este pasado martes en redes sociales donde apareció públicamente con los nueve legisladores de la lista 18 con lo que hasta el momento aseguraría una aplastante mayoría de 84 asambleístas, incluidos varios de movimientos locales, para integrar las comisiones permanentes y el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la nueva Asamblea Nacional que se posesionará el próximo 14 de mayo.
A la luz de la experiencia concreta, entonces, los hechos más que las palabras revelan el modus operandi del Pachakutik en al menos los dos últimos parlamentos (2021 y 2025) donde todo su discurso anti establishment se diluye al primer coqueteo de la derecha en el poder político.
Esta realidad revela, entonces, una absoluta incapacidad teórica y política de seguir leyendo al movimiento indígena desde matrices de pensamiento que nada tienen que ver con sus actuales acciones prácticas.
La opinión de Wilson Benavides
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