La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) se opone al proyecto de ley económica urgente propuesto por el presidente Daniel Noboa. Lo califica como una amenaza para los derechos humanos y el Estado de derecho. La organización afirmó que la iniciativa criminaliza la protesta social y facilita detenciones arbitrarias. Además, alertó que otorga impunidad a policías y militares que violen derechos humanos.
Críticas a la propuesta gubernamental y llamado a la oposición
En su comunicado, la CONAIE denuncia que el proyecto busca crear jueces y fiscales especializados, permitir allanamientos sin orden judicial y realizar audiencias rápidas. También propone beneficios tributarios para empresas que donen equipos a las fuerzas del orden. El Gobierno asegura que la ley enfrenta la crisis económica y combate el crimen organizado, que se ha expandido en el país. Sin embargo, sectores sociales temen que se use para debilitar la independencia judicial y reprimir la disidencia.
“La creación de este bloque sin control ciudadano ni límites claros representa un peligro para las libertades civiles”, afirmó la organización. Además, criticó que el proyecto criminaliza la protesta y da impunidad a las fuerzas policiales y militares implicadas en violaciones. La CONAIE considera que es un intento inconstitucional por instaurar un régimen represivo. También señala que la iniciativa no aborda las causas profundas de la violencia, como el poder económico y la influencia del narcotráfico con apoyo de algunos sectores del Estado.
La organización indígena cuestionó los beneficios tributarios para las élites empresariales, que en su opinión, solo benefician a quienes donan equipos a las fuerzas represivas. La CONAIE llamó a los legisladores del movimiento Pachakutik a no apoyar la propuesta. “No pueden, en conciencia ni en representación de nuestros pueblos, votar a favor de una ley que institucionaliza la represión”, concluyó el comunicado.
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