Un tribunal de la Corte de Justicia del Guayas revocó el habeas corpus concedido el pasado mes de diciembre por la jueza Tanya Loor, con el cual se declaró la desaparición forzada de los 4 menores de Las Malvinas.
El Tribunal aceptó el recurso de apelación que presentaron los Ministerios de Defensa y del Interior el pasado mes de febrero, donde solicitaron revocar el fallo judicial de la jueza Loor.
Tras conocer la decisión del Tribunal, Fernando Bastias, miembro del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y abogado de los familiares de los menores, detalló a través de su cuenta en X que activarán las acciones legales respectivas ante la Corte Constitucional.
Bastias aclaró además que la decisión del Tribunal “no influye en lo absoluto en el proceso penal en contra de los militares procesados”.
“La búsqueda de la justicia es un camino que estamos dispuestos a seguir contra corriente. Ni el presidente ni su actual gabinete que busca impunidad en el caso, lo detendrá”, insistió el abogado.
Tras concluir la etapa de instrucción fiscal del caso de los cuatro menores de Las Malvinas, desaparecidos y posteriormente asesinados, el juez Dennis Ugalde convocó a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra los 17 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) implicados, para el próximo 27 de mayo, a las 14h00, en la Unidad Judicial Penal Sur de Guayaquil.
La diligencia decidirá si los acusados enfrentarán juicio, tras la presentación de pruebas por parte de la Fiscalía.
Además, se abordará un pedido de los procesados para cambiar la prisión preventiva por medidas cautelares.
El caso, que involucra la detención y posterior asesinato de Ismael, Josué, Nehemías y Steven el 8 de diciembre de 2024, ha marcado un largo proceso de investigación y clamor ciudadano por justicia.
Este proceso penal involucra a 17 miembros de la FAE, entre ellos el teniente coronel Juan Francisco I. M., quien fue el último en ser vinculado a la causa.
Según la Fiscalía, el alto oficial habría tenido conocimiento del operativo en el que fueron aprehendidos arbitrariamente los menores.
Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal de la Unidad Especializada en la Investigación de Uso Ilegítimo de la Fuerza señaló que el teniente coronel acudió al sitio de los hechos, levantó indicios y omitió entregar información clave de forma oportuna, lo que -según Fiscalía- obstaculizó la posibilidad de encontrar a las víctimas con vida.
Además, se informó que levantó prendas de vestir de los menores tres días después de la desaparición, sin seguir la debida cadena de custodia.
Cinco de los procesados han accedido a cooperación eficaz y participaron en la reconstrucción de los hechos.
Allí, relataron diversas agresiones cometidas contra los menores en tres puntos específicos: la vía Durán-Tambo, un tramo cercano al peaje de esa carretera, y un camino de tercer orden en la parroquia Taura, cantón Naranjal. En esta última zona indicaron el lugar donde los menores fueron abandonados, golpeados, desnudos, pero aún con vida.
El caso se investiga bajo el artículo 84 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica el delito de desaparición forzada y sanciona con penas de entre 22 y 26 años de prisión.
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