Por: Felipe Pesantez
Ecuador se encuentra a otra encrucijada a pocas semanas de inaugura el nuevo periodo legislativo (2025-2029) y a pocos días para darle a bienvenida al presidente electo Daniel Noboa. El proyecto de Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno que representa una propuesta tan atractiva como peligrosa, similar a esa espada de Damocles que pende sobre nuestras cabezas: brinda seguridad al gobernante, pero a costa de una amenaza permanente para quienes están bajo ella.
El panorama es propicio para el Ejecutivo. La mayoría parlamentaria de ADN le otorga a Noboa un cheque en blanco para aprobar proyectos sin mayor resistencia. La oposición, principalmente la Revolución Ciudadana (RC), ha quedado relegada a un papel testimonial tras perder el control administrativo de la Asamblea. En este escenario de hegemonía oficialista, surge esta propuesta legislativa calificada como «urgente en materia económica», aunque su contenido abarca mucho más que aspectos financieros.
Nadie cuestiona la necesidad de enfrentar la violencia criminal que azota al país. Las estadísticas son alarmantes: un incremento del 69% en homicidios entre 2022 y 2023, y una triplicación de casos de extorsión en apenas tres años. Provincias como Guayas, Esmeraldas y El Oro se han convertido en corredores estratégicos para actividades ilícitas que financian grupos armados. Ante esta realidad, el gobierno propone una medicina fuerte que, como ocurre con tratamientos agresivos, promete curar la enfermedad pero con efectos secundarios preocupantes.
Imaginemos este proyecto como una casa en construcción: los cimientos están en la declaración de un Conflicto Armado No Internacional (CANI), las paredes son un sistema especial de justicia expedita, y el techo lo conforman beneficios tributarios para quienes «colaboren» con la seguridad. A primera vista, una estructura sólida contra la criminalidad, pero con grietas constitucionales evidentes.
La propuesta tiene méritos indiscutibles. Establecer mecanismos para desfinanciar grupos criminales es una estrategia inteligente que ataca la raíz del problema. Igualmente, la coordinación interinstitucional mediante un «Bloque de Seguridad» podría superar la fragmentación que históricamente ha debilitado la respuesta estatal. El enfoque territorial permitiría concentrar recursos en zonas prioritarias como la frontera norte y la costa pacífica.
Sin embargo, esta casa tiene cimientos cuestionables. Al declarar un CANI mediante decreto ejecutivo, Noboa obtendría poderes que sobrepasan el tradicional estado de excepción constitucional. El Presidente podría, sin control judicial previo, determinar qué organizaciones son «grupos armados organizados», con consecuencias penales gravísimas para sus presuntos integrantes (hasta 30 años de prisión).
Las paredes de esta construcción jurídica también presentan fisuras. Se establece un procedimiento judicial simplificado que concentra todas las etapas procesales en una sola audiencia, con plazos extremadamente reducidos. Los allanamientos sin orden judicial, la detención con fines investigativos y la prisión preventiva casi automática contradicen garantías constitucionales básicas. Como diría un viejo albañil: «lo que rápido se construye, rápido se cae».
El techo de incentivos fiscales tampoco está bien anclado. La rebaja del impuesto a la renta para quienes donen equipamiento a la fuerza pública podría generar un sistema de «seguridad privatizada» con impacto en la recaudación fiscal. Además, la facultad presidencial para otorgar beneficios económicos discrecionales abre la puerta a clientelismos peligrosos.
Esta construcción legislativa se erige sobre un terreno político favorecido por la actual composición parlamentaria. Con ADN controlando las comisiones clave y la agenda legislativa, el proyecto avanzará probablemente sin modificaciones sustanciales, consolidando un modelo de seguridad donde el Ejecutivo asume poderes extraordinarios bajo la justificación del CANI.
El dilema para Ecuador es complejo: ¿Sacrificamos garantías constitucionales en aras de la seguridad? ¿Aceptamos un modelo que concentra poder en el Ejecutivo para combatir el crimen organizado? La historia nos enseña que los poderes excepcionales rara vez regresan a su cauce normal.
Al final, como ocurre con la espada de Damocles, esta ley puede protegernos temporalmente de la violencia criminal, pero también nos mantiene bajo la amenaza constante de un poder ejecutivo sin contrapesos. El verdadero reto no es solo derrotar a las economías criminales, sino hacerlo preservando el Estado constitucional de derechos que tanto esfuerzo nos ha costado construir.
La opinión de Felipe Pesántez
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