El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró este martes, 3 de junio, que el país registra más de mil personas detenidas por el delito de extorsión y 370 por secuestro en lo que va de este 2025.
“Los delitos de secuestro y extorsión son una prioridad para la Policía Nacional. Se ha evitado que más de 32 millones de dólares lleguen a manos del crimen organizado, dijo el ministro en entrevista para el canal RTS.
Reimberg destacó el fortalecimiento de las unidades especializadas de la Policía Nacional para combatir la extorsión y el secuestro, —la Fuerza Investigativa Contra la Extorsión (FICE) y la Fuerza de Investigación Anticriminal (FIAC).
Al respecto adelantó que hace una semana dispuso el incremento de personal policial en estas unidades. Según el funcionario, se está trabajando en la implementación de cuarteles intermedios.
“No serán cuarteles grandes de mil policías, pero sí estructuras que albergarán entre 100 y 300 uniformados. Esto nos permitirá sectorizar mejor la presencia policial en distintas zonas del país. Algunos de estos cuarteles ya iniciarán su construcción próximamente”.
Entre 2022 y 2024, Ecuador ha experimentado «un crecimiento exponencial en los delitos de extorsión, secuestro y secuestro extorsivo», de acuerdo con el Gobierno Nacional al mencionar los justificativos de su Proyecto de Ley contra las economías criminales, calificado como urgente en materia económica.
La propuesta enviada por el presidente Daniel Noboa ya pasó la pasada semana el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Su objetivo principal es desarticular las estructuras económicas del crimen organizado y fortalecer a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, en el marco del respeto a las garantías constitucionales, preservar la seguridad ciudadana, garantizar la estabilidad del sistema económico-financiero y promover la reactivación económica de las zonas más afectadas por la violencia.
Tras el análisis entre los asambleístas, el proyecto de ley regresó a la Comisión de Desarrollo Económico para la elaboración del informe para segundo debate.
En su propuesta, el Ejecutivo alega que se trata de delitos asociados al fortalecimiento de estructuras armadas organizadas, «lo que constituye un elemento central para caracterizar un contexto de violencia sistemática con rasgos de conflicto armado no internacional».
En el caso del delito de extorsión, en 2022 se registraron 6.651 casos y en 2024 se reportaron 20.293. Así, en estos tres años los casos de extorsión se triplicaron. En tanto, entre enero y abril de 2025, se registraron 4.569 casos, según datos de la Policía Nacional.
El Gobierno destaca que esa cifra representa una disminución significativa en comparación al periodo de años pasados.
Y es que, si se mantiene esa cifra de extorsiones en los siguientes cuatrimestres de 2025, el año cerraría con alrededor de 13.707 casos; una caída considerable frente al escenario de 2024.
De acuerdo con el Gobierno, la proliferación del secuestro y la extorsión como mecanismos recurrentes para el financiamiento criminal y la imposición de órdenes coercitivas evidencia una afectación directa a derechos fundamentales, especialmente la libertad personal, la integridad, y la seguridad jurídica y económica de la población.
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